“Son evidentes las faltas a la probidad del señor Hermosilla, su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para nuestra República. Por lo tanto, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado.”, indicó Daniel Manouchehri (PS), presidente de la Comisión.
Por unanimidad de los presentes, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el denominado “Caso Hermosilla” o “Caso Audios” aprobó el informe final con las conclusiones de la instancia. El texto emanado de la comisión, presidida por el diputado Daniel Manouchehri (PS), indica que “son evidentes las faltas a la probidad” por parte del abogado Luis Hermosilla, implicado en una investigación judicial por el delito de cohecho a funcionarios públicos y eventuales influencias indebidas al interior del Poder Judicial.
Asimismo, Manouchehri indicó que los antecedentes de la comisión serán remitidos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado. Al cierre de la instancia, el parlamentario espera “que la justicia investigue a fondo este caso. Es evidente que se tiene que formalizar al señor Hermosilla, esperamos que se avance en esto y que este caso no quede en impunidad, porque aquí están en juego nuestras instituciones del país y su credibilidad”.
“La gente espera que estos casos no terminen en clases de ética o que pasen al olvido. La gente espera que casos como el del señor Hermosilla terminen con los involucrados tras las rejas”, agregó.
De acuerdo a lo expuesto en la Comisión, sus integrantes concluyen que Hermosilla habría generado “verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias para acceder a información relevante e incluso en ciertos casos reservadas, para favorecer a clientes, y personas que no eran clientes del Sr. Hermosilla”.
En esa línea, el texto señala que “de tales hechos descritos por los intervinientes esta comisión puede identificar que el Sr. Hermosilla durante largo tiempo se vendía como un gran penalista. Entonces, cualquier persona podría pensar que sus juicios eran ganados justamente por su pericia como penalista; sin embargo, de a poco hemos ido sabiendo que más que un penalista, era un operador del Poder Judicial”.
“Finalmente, esta comisión pudo llegar al convencimiento que son evidentes las faltas a la probidad del Sr. Hermosilla. Su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para el país, como la Policía de investigaciones, los tribunales de justicia y el Servicio de Impuestos Internos”, agrega el documento.
El informe aprobado y despachado a la Sala de la Cámara Baja señala que el abogado “además, incidió de manera activa en el nombramiento de altos cargos y magistrados en la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, ratificadas por las declaraciones tanto del ministro (Jean Pierre) Matus como del ministro (Antonio) Ulloa, quien señaló que Hermosilla había sido quien habría influido en su nombramiento, y que le enviaba todas las mañanas poemas en agradecimiento”.
“La condición de abogado litigante y gestor de los nombramientos de altos magistrados pone en riesgo la objetividad de los tribunales de justicia al momento de conocer causas donde el señor Hermosilla participa. Asimismo, el hecho de ser visto dentro del Poder Judicial como alguien capaz de influir en los nombramientos del poder judicial, puede generar una ventaja desleal”, agrega.
Los contratos de Hermosilla durante los gobiernos del ex Presidente Piñera
En esta materia y dentro del ámbito de sus competencias, la comisión investigadora recibió antecedentes de los Ministerios del Interior, Defensa, Salud y Transportes, quienes informaron respecto de los contratos que suscribió Luis Hermosilla como persona natural o jurídica desde el año 2010 a la fecha.
Según lo informado, el abogado recibió más de 250 millones de pesos en total por dichos contratos. Algunos de estos efectuados por el mismo monto: 325 Unidades de Fomento; es decir, por más de 12 millones de pesos de la moneda actual. Además, fueron aprobados días u horas antes que culminara el segundo mandato del ex Presidente Sebastián Piñera.
Estos antecedentes serán remitidos a la Contraloría de la Republica y al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que puedan pronunciarse respecto de la legalidad y procedencia de los servicios requeridos.
El informe de la comisión precisa lo siguiente:
– Oficio N°9588 de fecha 01 de abril de 2024 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, indica que entre el año 2012 y 2022 Hermosilla celebró contrato con la Subsecretaría del Interior por la suma de $ 212.716.623.
– Oficio N° 1046 de fecha 09 de abril de 2024 del Ministerio de Salud, se informa que el año 2022 se contrató a Hermosilla en la Subsecretaría de Salud Pública por el monto de 325 UF.
– Oficio N°6855/695 de fecha 15 de abril de 2024 del Ministerio de Defensa, donde se informa que con fecha 10 de marzo de 2022 a las 16:55 hrs., a horas de terminar el segundo periodo de gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, se emitió una orden de compra por el monto de 325 UF por el servicio de asistencia legal y jurídica.
– Oficio N° 12519/2024 DAF de fecha 26 de abril del 2024 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, informó que el 3 de marzo del año 2022 la Subsecretaría de Transportes celebró con el abogado Luis Hermosilla un “contrato de servicios especializados de asesoría jurídica con experiencia en área penal con especial manejo de desarrollo de estrategias de litigación oral” (causa RIT 17388-2021), por la suma de UF 325, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 58 de 10 de marzo de 2022
