La presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Marcela Sandoval, junto a la ministra encargada de familia e infancia, Gloria Negroni; informaron que en el marco de la Ley 21.484 de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, los juzgados de Familia de la región de Coquimbo han ordenado el pago de $51.457.085.905.
Al 26 de febrero de 2025 los 8 tribunales de familia de la región de Coquimbo han efectuado 38.641 solicitudes en procedimientos especiales, con 250.458 consultas a instituciones dictando órdenes de pago que han favorecido a un total de 6.563 personas que tienen la calidad de beneficiarios o representante legal, entendiendo que pueden corresponder a uno o más alimentantes, ordenado el pago de $5.826.692.228.
Tratándose del procedimiento extraordinario, se han recibido un total de 35.870 solicitudes, realizado un total de 47.053 consultas a las AFP y decretado un total de órdenes de pago para un total de 7.306 beneficiarios o representante legal se ha ordenado pagar $45.648.393.677.
Al respecto, la ministra Sandoval explicó que la ley -que comenzó a regir en mayo de 2023-, contempla dos procedimientos de cobros, “el especial, faculta a los tribunales para investigar, retener y pagar con los fondos que la persona alimentante deudora tenga en sus cuentas corrientes bancarias o en instrumentos financieros y/o de inversión; y bajo ciertas condiciones se autoriza un procedimiento extraordinario para el pago con cargo a los fondos de capitalización individual de los deudores y que gestionan las AFP”.
La ministra Negroni, en tanto, hizo hincapié en que la Ley busca combatir la violencia económica contra las mujeres que se manifiesta en el no pago de alimentos, tomando en consideración que en la región de Coquimbo cerca de un 97% de los deudores son hombres.
“Implica, obviamente, una garantía en los derechos de los niños, niñas y adolescentes respecto a este derecho fundamental de alimentos y también disminuye las cifras de violencia económica en favor de las mujeres. Por lo tanto, esto significa asegurar no solo los derechos de los niños, sino también los derechos de las progenitoras que están a cargo su cuidado”.
Las ministras realizaron este balance junto a la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Camila Sabando Vega quien destacó la labor de los tribunales de familia que en la jurisdicción cuentan con una unidad especial de liquidaciones de pensión de alimentos.
“Estamos muy satisfechos como Gobierno por los esfuerzos que han hecho los tribunales de familia y por lo que hemos avanzado en el pago de las deudas de pensiones de alimentos, y también en que las personas que han ingresado al registro ya han estado saliendo porque han llegado a acuerdo con el pago de deudas o porque las han pagado”, indicó.
