El pasado 26 de abril, la Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por Claudia Perivancich, solicitó al Juzgado de Garantía fijar una audiencia para formalizar cargos en contra de los involucrados en el denominado caso Papaya Gate, uno de los mayores fraudes al fisco ocurridos en la Región de Coquimbo.
Este caso, que salió a la luz en 2020, involucró la compra de terrenos por parte de la Intendencia Regional de Coquimbo por un monto superior a los 9.800 millones de pesos, lo que provocó la salida de la entonces intendenta Lucía Pinto y de otros funcionarios del gobierno regional.
En entrevista con Radio Guayacán, el senador por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, se refirió a la formalización de la exintendenta junto a José Cáceres y Pablo Bracchitta, todos acusados de fraude al fisco. Núñez adelantó que solicitará medidas cautelares más estrictas para los imputados y señaló que, “voy a pedir la prisión preventiva, porque, a juicio mío y del abogado que trabaja conmigo, hay antecedentes que ameritan esa solicitud”.
En la misma línea, el senador argumentó que existen razones jurídicas y sociales para esta medida la gravedad del delito, la participación de múltiples involucrados y el riesgo que representan para la sociedad son factores claves, igualmente enfatizó en contra de la corrupción y hace un llamado a no tolerarla; “deben estar presos porque cometieron un delito grave. Hay que dar una señal clara de que no se tolerará más corrupción. También representan un peligro para la sociedad, no sabemos qué otras estafas o negocios truchos podrían estar haciendo hoy”.
El parlamentario también enfatizó que el fraude fue ejecutado con conocimiento previo de las irregularidades, lo que empeora la situación: “la Contraloría le informó al Gobierno Regional que no compraran esos terrenos, porque el precio era excesivo y no estaba justificado. Aun así, hicieron el contrato de forma irregular, ocultando antecedentes para eludir a contraloría. Esto demuestra que había un interés, una acción preconcebida con mala intención que profundiza el fraude que se genera en este caso”.
Finalmente, la audiencia quedó agendada para el 26 de mayo, a las 8:30 horas, en el juzgado de Garantía de La Serena. Y Núñez señaló que las y los concejeros regionales deberían de pronunciarse y pedir acciones legales en este caso.
