Trabajadores de Poder Judicial se declaran “en movilización” debido a no ser parte del 12% del reajuste del sector público
El proyecto que se acordó entre el ministerio de Hacienda y Trabajo, en conjunto con la Mesa del Sector Público comenzará esta tarde su tramitación en la Cámara de Diputados.
Una compleja semana enfrentará el Gobierno a propósito del reajuste al sector público, luego que gremios del sector Justicia anunciaran movilizaciones, tras declararse excluidos del aumento. Todo se define este lunes con la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde debatirán hasta total despacho el reajuste del sector público, que llegó a un 12%, considerando la inflación pasada, para quienes tengan sueldos hasta 2,2 millones de pesos.
Sin embargo, la propuesta dejó inconformes a los persecutores públicos, puesto que -al superar el salario mínimo contemplado por el Ejecutivo- tendrán un aumento fijo de $264 mil. En la práctica, aseguran fuentes al interior del organismo, el cambio significa un reajuste real de entre un 4% y 6% para el grupo de mayores ingresos.
En la discusión parlamentaria, el Gobierno deberá resolver las dudas en torno al efecto inflacionario para el 2023, el impacto que podría tener en el mundo privado y el anuncio de movilizaciones de las Asociaciones de Fiscales, magistrados y funcionarios del Poder Judicial. De hecho, en una encuesta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), casi el 72% votó a favor de la paralización total o parcial de sus funciones.
Pese a que desde el gremio se sienten marginados, desde el Ministerio de Hacienda subrayaron que no hay exclusiones y reforzaron que el acuerdo de reajuste incluye a todos los funcionarios públicos a partir del primero de diciembre, dividido en dos tramos. “Para todas las remuneraciones brutas mensuales de hasta $2.200.000 el reajuste será de 12%, mientras que para las rentas más altas -a partir de ese monto- habrá un reajuste plano de $264.000 brutos mensuales”, insistieron
En conversación con nuestro medio el Presidente Regional de la ANF Juan Pabo Aguilera, mencionó que “esta exclusión nos parece injusta e injustificada, por parte de la autoridad de gobierno en donde derechamente se nos excluye del reajuste del sector público, que dice relación con la variación anual del IPC. teniendo presente la inflación que nos afecta al día de hoy como país. Y es así como sin razón política, jurídica ni técnica, se nos deja afuera y no se nos escucha, lo que va en desmedro de las palabras del mismo gobierno quien en muchas oportunidades ha dicho dar prioridad a la lucha contra la delincuencia, pero al parecer sin una de las figuras más importantes en esta materia que somos nosotros, los ficales”.
“Más que el valor, que yo diría no cubre ni la mitad de lo que ha variado el IPC en este último tiempo. Lo cierto es lo que uno ve en esta actitud del gobierno y no sólo de este, sino que este es un tema que se arrastra desde hace muchos años, no solo en este gobierno, sin importar el color político sentimos un despreco hacia nuestro trabajo. Nosotros somos un trabajo técnico y no político, por lo tanto para nosotros siempre es complejo negociar, discutir u opinar, porque está en nuestras prohibiciones de la materia, y eso siempre nos hace quedar desplazados, pero nuestra función es escencial para el orden de la vida social y cuando nos dan un portazo sn alternativas de conversar, nos pone en un plano muy complejo con la ciudadanía”, finaliza el fiscal Juan Pablo Aguilera.