SEA presenta recurso ante la Corte suprema para anular fallo y consolidar la decisión del comité de ministros.

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El Proyecto Minero Dominga vuelve a ser objeto de atención en el plano judicial, tras la confirmación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de haber presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema. Este recurso busca anular el reciente fallo del Primer Tribunal Ambiental que revocó la decisión del gobierno respecto al megaproyecto minero y portuario.

En un comunicado oficial, el SEA declaró que “el objetivo de este recurso es impugnar la sentencia del tribunal y defender la legalidad de la resolución del Comité de Ministros que sesionó el 18 de enero de 2023”. Además, la entidad informó que se solicitó al Tribunal Ambiental la suspensión de los efectos del fallo mientras la Corte Suprema resuelve el caso.

Esta acción se fundamenta en la decisión adoptada por el Comité de Ministros durante su sesión del 18 de enero. En aquella oportunidad, de manera unánime y basándose en informes técnicos de organismos con competencia ambiental, así como en el análisis de la secretaría técnica del SEA, el comité resolvió acoger los 12 recursos de reclamación presentados por personas y organizaciones que participaron en el proceso de participación ciudadana. Esto derivó en la calificación desfavorable del proyecto Dominga.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, había anticipado esta medida en una entrevista con el medio Pulso. En esa ocasión, afirmó que “tal como ha ocurrido anteriormente, el Servicio de Evaluación Ambiental, en su rol de secretaría técnica del Comité de Ministros, recurrirá de casación para defender la resolución del comité”. Su declaración reafirma la postura del gobierno de respaldar las decisiones basadas en informes técnicos y análisis especializados.

Este episodio se suma a los constantes vaivenes judiciales que han marcado el desarrollo del Proyecto Dominga, dejando entrever un escenario incierto y de tensión entre los diversos actores involucrados. Con este nuevo capítulo, el futuro del megaproyecto queda una vez más en manos del máximo tribunal del país.

 

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