El Primer Tribunal Ambiental marcó un hito en el complejo entramado judicial que envuelve al proyecto minero-portuario Dominga al rechazar la solicitud de suspensión de los efectos de la sentencia que anuló la decisión del Comité de Ministros, reactivando así la polémica iniciativa de Andes Iron.
El gobierno de Gabriel Boric, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), había solicitado que se pausara la implementación del fallo mientras la Corte Suprema evalúa los recursos de casación presentados. Sin embargo, el tribunal especializado determinó que no existían fundamentos suficientes para justificar dicha suspensión, señalando que los argumentos presentados no cumplían con los requisitos de certeza y claridad necesarios para demostrar una imposibilidad real de aplicar el fallo.
“Se resuelve, no ha lugar a la solicitud de suspensión de efectos de la sentencia recurrida”, declaró el tribunal, cuya decisión pone de manifiesto la independencia y el rigor técnico del sistema judicial en temas medioambientales.
Este fallo, que no contó con unanimidad, refuerza la importancia de respetar las instancias legales establecidas en torno a proyectos de alto impacto ambiental. La decisión del tribunal podría forzar al Comité de Ministros a retomar sus sesiones en el corto plazo, aunque persisten dudas respecto a su composición y los pasos a seguir.
El Caso Dominga, además de su relevancia económica y social, subraya la necesidad de una evaluación cuidadosa de los impactos ambientales en grandes proyectos extractivos. La decisión judicial recalca el papel crucial de los tribunales como garantes del equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, en un contexto donde las comunidades locales y la preservación de los ecosistemas están en el centro del debate público.
