Nuevamente profesores y profesoras de la Corporación Gabriel González Videla de La Serena se manifestaron frente al edificio de la entidad, por no respetar los compromisos del protocolo de acuerdo firmado el año pasado y descontar los días no trabajados en la última movilización del magisterio.
Acusan falta de empatía y sentirse vilipendiados y pisoteados en sus derechos después de la determinación municipal de descontar los días no trabajados por las últimas movilizaciones de los profesores.
Según indica una declaración pública del Colegio de Profesores, comunal La Serena, ellos fueron los únicos de las 15 comunas de la región, a los que se les descontaron las horas que estuvieron en paro, pues según indican, eso les explicó la jefa del Departamento de Educación de la Corporación, Tamara Torres, amparados en la aplicación del oficio de aclaración de la CGR.
Por otro lado, y en el marco del traspaso de la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública Elqui, acusan que existe un compromiso a que a la fecha no se ha cumplido, en referencia al protocolo de acuerdo de noviembre de 2024, que consistía en cancelar los dineros administrativos para la liberación de los recursos ministeriales para pago de deuda nominal de 3.500 millones de pesos, además, del compromiso de no atrasarse en convenios con instituciones financieras como Caja Los Andes y Coopeuch.
Anunciaron que iniciaran “las medidas legales que amparen nuestro derecho a la restitución de nuestros dineros, ya que la exigencia para la restitución fue entregada por las comunidades educativas antes de la aplicación del descuento y corresponde a planes de recuperación aprobados por secretaria ministerial”, se indica en el comunicado del magisterio serenense.
Respuesta de la Corporación GGV
Al ser consultados por Radio Guayacán sobre la declaración del Colegio de Profesores, la Corporación respondió señalando: “Queremos manifestar nuestra preocupación por lo planteado hoy por el Colegio de Profesores de La Serena. Los descuentos aplicados a docentes responden a instrucciones de la Contraloría General de la República, que son de carácter obligatorio para todos los organismos públicos, incluidos los municipios. Desde un comienzo, esta administración ha sido clara con la dirigencia del Colegio: si la Contraloría emite un nuevo pronunciamiento, actuaremos conforme a lo que se indique. Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la probidad y el uso responsable de los recursos públicos, siempre con total transparencia y respeto a las normas que rigen a la administración pública”.
No se hizo referencia a los compromisos referidos al pago de la deuda nominal de $3.500 millones que indican los profesores, fue parte del acuerdo.
