Más de 150 trabajadores y 40 recintos en riesgo por posible cierre de centros comunitarios en Coquimbo
Un recorte de 515 millones en el presupuesto de la Fundación Las Familias mantiene en alerta a trabajadores y comunidades. En la Región de Coquimbo, el centro ubicado en la parte alta podría cerrar en las próximas semanas, afectando directamente a adultos mayores, mujeres, jóvenes en riesgo social y vecinos de sectores vulnerables que dependen de sus programas.
El problema se origina tras un documento firmado por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que modifica el presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el marco de un recorte global de 32.721 millones, que impacta a diversos programas sociales a nivel nacional. La medida afectaría a cerca de 40 centros en todo Chile y dejaría sin empleo a alrededor de 150 trabajadores, además de impactar directamente a cientos de beneficiarios en distintas regiones, incluyendo la comuna de Coquimbo.
La posible clausura de centros comunitarios de la Fundación Las Familias encendió las alarmas a nivel nacional, luego de que se informara un recorte presupuestario que compromete su continuidad. Esto reduce los recursos destinados a la fundación con 515 millones, según denunciaron los trabajadores, provocaría su cierre definitivo entre mayo y junio.
En la región, el centro comunitario ubicado en la Parte Alta de Coquimbo en convenio con Sernameg, cumple un rol clave en el desarrollo social, entregando apoyo a adultos mayores, madres solteras y jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante talleres educativos, programas de alfabetización y actividades de prevención.
De acuerdo con lo señalado, esta situación no solo implica la pérdida de empleos, sino también la interrupción de programas sociales que llevan más de 30 años de funcionamiento, afectando directamente a sectores que ya presentan alta vulnerabilidad. Además, se advierte que la infraestructura financiada en parte con cooperación internacional podría quedar abandonada, aumentando riesgos de deterioro y uso indebido.
El senador Daniel Núñez apuntó a responsabilidades políticas en la decisión, cuestionando la coherencia del Gobierno frente a los anuncios de protección social, “Aquí no hay una razón financiera suficiente para cerrar la fundación; lo que vemos es una decisión política que termina debilitando el apoyo a los sectores más vulnerables”, afirmó, agregando que solicitará explicaciones formales a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.
Como salida a la crisis, se espera que el Ejecutivo aclare el futuro de los recursos y garantice la continuidad de los programas sociales, ya sea restituyendo el financiamiento o implementando medidas alternativas. Mientras tanto, trabajadores y comunidades permanecen en incertidumbre, a la espera de una resolución que evite el cierre definitivo de estos espacios y asegure la atención a quienes más lo necesitan.