Fallo judicial reconoce abusos de Francisco Cox y apunta responsabilidades de la Iglesia
El Ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de La Serena, Christian Le-Cer, decreto el sobreseimiento definitivo de la causa abierta en contra del otrora arzobispo de la ciudad, Francisco Javier Cox Hunneus, como autor de los delitos de abuso agravado contra menores entre 1975 y 1988.
La resolución de 46 páginas concluye que el ex arzobispo cometió delitos de abuso deshonesto y abuso deshonesto agravado, aunque la acción penal ya estaba prescrita cuando comenzó la investigación en 2018. El Ministro concluyó que, Francisco Cox cometió delitos sexuales en localidades como; La Serena, Andacollo y Chillán, acreditando judicialmente una serie de abusos denunciados por 7 víctimas menores de edad ligadas a la Iglesia Católica.
Según la resolución, varias de las víctimas coincidieron en describir un mismo patrón: invitaciones a menores vinculados a la Iglesia para acudir al arzobispado, encuentros privados en oficinas cerradas y episodios de contacto físico de carácter sexual. En algunos casos, los denunciantes relataron que otros niños eran enviados fuera del lugar mientras Cox permanecía solas con una de las víctimas.
Desde la Agrupación de Laicos Juan XXIII, el vocero Juan Carlos Palma aseguró que este fallo representa un reconocimiento tardío, pero contundente, a las víctimas sobrevivientes. Explicó que durante 8 años impulsaron acciones, incluso con el Papa Francisco, proceso que terminó con la expulsión de Cox del estado clerical.
Sin embargo, también acusó que el religioso fue protegido y ocultado por la Iglesia tras abandonar Chile, permaneciendo bajo resguardo de la congregación de Schoenstatt, tanto en Alemania como posteriormente en la quinta Región, “Si Cox estuviera vivo, hoy tendría que estar preso”, afirmó Palma, apuntando directamente a la gravedad de los hechos acreditados por la justicia.
El dirigente hizo hincapié sobre René Rebolledo, señalando que las víctimas nunca recibieron el respaldo esperado por parte de la institución eclesiástica, pese a las reiteradas denuncias realizadas por más de una década. Según la agrupación, existen antecedentes de al menos 50 casos, aunque aseguran que muchas víctimas jamás denunciaron por miedo, vergüenza o por pertenecer a familias tradicionales de la zona que confiaron plenamente en la figura del ex-arzobispo.
Juan Carlos señala que, el fallo establece que los abusos ocurrieron en espacios cerrados y bajo contextos de manipulación emocional y abuso de autoridad, “Hay testimonios escalofriantes. Las víctimas hoy están prácticamente en estado catatónico después de conocer este reconocimiento judicial”, sostuvo Palma.
La resolución judicial deja abierta la posibilidad de futuras acciones reparatorias e indemnizaciones, aunque desde la agrupación recalcan que la principal deuda sigue siendo moral y pública. Mientras se espera una declaración oficial del Arzobispado de La Serena, las víctimas exigen que la Iglesia asuma responsabilidades institucionales y entregue explicaciones claras por décadas de silencio y encubrimiento.