SEGURIDAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES TENSIONAN EL DEBATE: SENADORES DE COQUIMBO MARCAN DIFERENCIAS FRENTE A LA REFORMA DEL GOBIERNO
La discusión por la nueva reforma constitucional de seguridad comenzó a trasladarse desde el Ejecutivo hacia el Congreso, donde el Gobierno deberá construir una mayoría suficiente para sacar adelante una iniciativa que, pese a su objetivo común de reforzar el combate contra el crimen organizado, ya evidencia diferencias importantes sobre sus límites.
La propuesta forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y busca instalar expresamente en la Constitución la seguridad pública como un deber del Estado, además de habilitar nuevas herramientas para perseguir organizaciones criminales, intervenir territorios afectados gravemente por la delincuencia y endurecer el control sobre estructuras delictuales.
Uno de los puntos más relevantes es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional dirigido específicamente a situaciones de grave afectación de la seguridad pública. La fórmula permitiría una intervención extraordinaria del Estado en determinados territorios, incluyendo la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías.
Pero la controversia política no está exclusivamente entre Gobierno y oposición. Durante los últimos días, el Ejecutivo también debió enfrentar reparos provenientes de sectores oficialistas y terminó reduciendo el alcance de algunas de sus propuestas iniciales. Este martes 18 de agosto, la discusión seguía concentrada en las modificaciones constitucionales.
Coquimbo entra directamente en la discusión
La Región de Coquimbo tendrá un papel particularmente relevante en la tramitación. Sus tres senadores —Matías Walker, Sergio Gahona y Daniel Núñez— representan posiciones políticas diferentes y sus votos podrían adquirir importancia en una reforma que requiere un quórum superior al de una ley ordinaria.
Entre quienes han expresado un evidente reparos se encuentra el senador Matías Walker, quien cuestionó en duros términos la forma planteada para un nuevo estado de excepción constitucional. “240 días de estado de excepción sin control del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas: así mueren las democracias”, dijo el parlamentario.
Asimismo, indicó “No cuentan con mi voto para esta locura”, alegando que no sean los tribunales de justicia los que determinen una organización terrorista. “Parte de la locura: no serán los tribunales de justicia los que determinen qué organización es terrorista, sino el Presidente de la República con acuerdo del Senado en sesión secreta. Somos un país serio, un estado de derecho”.
Gahona se abre a cambios, pero pide precisión
Una visión distinta ha planteado el senador UDI por Coquimbo Sergio Gahona. El legislador se manifestó disponible para revisar normas constitucionales cuando éstas puedan estar dificultando una persecución más eficaz del crimen organizado.
“No debemos tener ningún temor en revisar nuestro marco constitucional”, señaló Gahona, planteando que la Constitución no debería transformarse en un obstáculo para responder a los problemas de seguridad.
Sin embargo, su respaldo no es irrestricto. El senador sostuvo que cualquier cambio debe realizarse “con responsabilidad y sentido de Estado”, evitando recurrir a modificaciones constitucionales cada vez que existe una dificultad legislativa.
Gahona ha señalado que está disponible para discutir modificaciones que permitan mejorar las herramientas contra el crimen organizado, fortalecer a las policías y al Ministerio Público y entregar respuestas más efectivas frente a delitos de alta gravedad.
La postura muestra uno de los elementos centrales que probablemente atravesará toda la discusión: incluso entre quienes están dispuestos a respaldar al Gobierno existe interés por acotar las modificaciones constitucionales y definir exactamente qué materias necesitan llegar a la Carta Fundamental y cuáles pueden resolverse mediante leyes.
La pregunta que marcará la discusión
La discusión parlamentaria probablemente no estará determinada únicamente por quién está a favor o en contra de combatir con mayor dureza al crimen organizado. Según expertos, el verdadero punto de conflicto será “qué atribuciones extraordinarias debe recibir el Estado, durante cuánto tiempo y bajo qué controles institucionales”.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha planteado que el combate contra el crimen organizado requiere unidad política, aunque también reconoció que el texto ingresado probablemente experimentará modificaciones durante su tramitación.
Desde otros sectores del Senado ya se ha advertido que la urgencia por avanzar en seguridad debe coexistir con la protección de los derechos fundamentales. La senadora Loreto Carvajal resumió esa posición llamando a enfrentar el debate con una “urgencia con cautela”.