JEFE DE GABINETE DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL INCUMPLIRÍA GRAVEMENTE LEY DE LOBBY
De acuerdo a antecedentes del equipo de investigación de Radio Guayacán el cuestionado jefe de gabinete del Delegado Presidencial Victor Pino, Carlos Rodríguez, quien habría apoyado la gestión por la Ficha FIBE en la vivienda de la autoridad, estaría en una grave falta administrativa y legal.
Se trata del incumplimiento a la ley N° 20.730, más conocida como Ley del Lobby, que establece que los jefes de gabinete de los delegados presidenciales regionales son sujetos pasivos obligatorios, al igual que quienes, por sus funciones, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes las tienen.
En el caso de Carlos Rodríguez Escorza, existen tres elementos relevantes, uno de ellos que fue contratado a honorarios mediante la REX 7236725 del 17 de abril de 2026. Su propio contrato le asigna funciones vinculadas expresamente a la ley del Lobby, incluyendo el seguimiento de reuniones del delegado y la participación en audiencias y reuniones.
Sin embargo, no aparece inscrito como sujeto pasivo en el portal oficial de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo.
Al onbservar la página oficial de la Delegación Presidencial se puede apreciar una falta evidente de actualización, en donde se pueden reconocer a los jefe de gabinete de los los ex-Delegados Rubén Quezada y Galo Luna (Sebastián Morales y Luis Cortés, respectivamente). Incluso en el listado aparece el propio ex-Delegado Luna.
Pese a ello, sus informes de honorarios de mayo, junio y julio de 2026 registran reuniones con comunidades agrícolas, juntas de vecinos, organizaciones y empresas. En junio aparecen incluso actividades identificadas expresamente como “Lobby Terra Master” y “Lobby Galantas Gold Minera”, informes que fueron aprobados por el delegado.
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Si Rodríguez Escorza efectivamente tiene la calidad de sujeto pasivo que establece la ley, su falta de inscripción impide que sus reuniones y gestiones queden registradas públicamente en la plataforma de Lobby.
Esto puede generar falta de transparencia sobre con quién se reúne y qué intereses gestiona, dificultades para la fiscalización ciudadana de sus actividades y una eventual vulneración de las obligaciones de transparencia de la Administración Pública, junto al riesgo de que se desarrollen gestiones informales sin trazabilidad institucional.