PAPAYA GATE: FISCALÍA REFORMALIZARÁ ESTE LUNES 7 DE SEPTIEMBRE A LUCÍA PINTO, JOSÉ CÁCERES Y PABLO BRACCHITTA
En la misma audiencia, el Ministerio Público formalizará por fraude al Fisco al exjefe jurídico del Gobierno Regional de Coquimbo, Eduardo Espinoza. La Fiscalía busca avanzar hacia el cierre de una investigación que se originó por la cuestionada adquisición de seis terrenos en San Ramón por cerca de $9.800 millones.
Un nuevo y relevante capítulo judicial tendrá este lunes 7 de septiembre el denominado caso Papaya Gate, cuando el Ministerio Público comparezca ante el Juzgado de Garantía de La Serena para reformalizar a la exintendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto; al exadministrador regional José Cáceres; y al empresario Pablo Bracchitta, gerente general de las inmobiliarias involucradas en la cuestionada compraventa de terrenos realizada por el Gobierno Regional.
En la misma audiencia, la Fiscalía formalizará por primera vez al exjefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional de Coquimbo, Eduardo Espinoza Rodríguez, a quien se le atribuirá el delito de fraude al Fisco. Espinoza había sido mencionado desde las primeras etapas de la investigación y fue incluido tanto en acciones judiciales como en procedimientos administrativos vinculados al caso, pero no formó parte de la audiencia de formalización desarrollada en mayo de 2025.
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, Lucía Pinto y Pablo Bracchitta serán reformalizados por fraude al Fisco, mientras que en el caso de José Cáceres la reformalización comprenderá fraude al Fisco y negociación incompatible. Los contenidos específicos y los nuevos antecedentes que sustentan la reformalización serán expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia del lunes.
La diligencia se produce luego de que la causa fuera asumida por la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el fiscal regional Patricio Cooper, después de permanecer durante varios años bajo investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Cooper dispuso que los antecedentes fueran revisados por el equipo especializado del Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC) y que la investigación fuera separada en una arista asociada al eventual fraude al Fisco y otra vinculada a delitos tributarios.
El propio fiscal Cooper había adelantado en junio que, tras recibir una causa que acumulaba aproximadamente cinco años de investigación desarrollada por distintos equipos, la Fiscalía de Coquimbo realizó un nuevo análisis de los antecedentes, retomó declaraciones y adoptó una estrategia investigativa distinta. En ese momento afirmó que la ampliación de 90 días decretada para la investigación permitiría al Ministerio Público adoptar decisiones jurídicas respecto del futuro de la causa.
La Fiscalía ha señalado ahora que espera culminar el plazo investigativo durante septiembre, aunque aquello podría modificarse en caso de que las defensas soliciten nuevas diligencias o planteen requerimientos relacionados con la extensión de la investigación.
UNA COMPRA POR $9.800 MILLONES
El Papaya Gate se remonta a la adquisición de seis terrenos ubicados en el sector de San Ramón, en el área oriente de La Serena, que sumaban aproximadamente 61 mil metros cuadrados y que fueron comprados por el Gobierno Regional de Coquimbo durante la administración encabezada por Lucía Pinto.
La operación tenía como finalidad disponer de terrenos para desarrollar infraestructura deportiva, como compensación por los espacios destinados al proyecto del nuevo Hospital de La Serena.
El Gobierno Regional terminó pagando cerca de $9.800 millones por las propiedades, pese a que las primeras tasaciones conocidas durante el proceso situaban el valor conjunto de los terrenos en torno a los $4 mil millones. Esta diferencia entre las estimaciones iniciales y el precio finalmente desembolsado se convirtió en uno de los principales elementos que originaron los cuestionamientos administrativos, políticos y posteriormente penales.
La operación también fue observada reiteradamente por la Contraloría General de la República, que formuló objeciones a los contratos sometidos a su revisión y cuestionó la falta de antecedentes suficientes para justificar la adquisición bajo las condiciones planteadas.
Después de que contratos anteriores fueran objetados, en julio de 2020 se suscribió un nuevo instrumento para materializar la compraventa, esta vez sin someterlo nuevamente al procedimiento de toma de razón de Contraloría. Ese procedimiento pasó a constituir uno de los elementos centrales investigados posteriormente.
El caso salió públicamente a la luz en septiembre de 2020 y tuvo rápidas consecuencias políticas. Lucía Pinto dejó posteriormente el cargo de intendenta y comenzó una extensa investigación penal destinada a determinar si, además de las irregularidades administrativas detectadas, existieron conductas constitutivas de delito.
EDUARDO ESPINOZA SERÁ FORMALIZADO
Uno de los aspectos centrales de la audiencia de este 7 de septiembre será precisamente la incorporación formal de Eduardo Espinoza a la arista penal por fraude al Fisco.
El abogado ocupaba el cargo de jefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional de Coquimbo durante el período investigado y su participación en el procedimiento de adquisición de los terrenos ha sido objeto de cuestionamientos desde las primeras etapas del Papaya Gate.
Espinoza figuró en la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en 2021 y también fue objeto del procedimiento administrativo desarrollado por Contraloría. Sin embargo, no fue incluido entre los imputados formalizados en mayo de 2025.
Ese escenario cambiará este lunes, cuando el Ministerio Público le comunique formalmente que desarrolla una investigación en su contra por el delito de fraude al Fisco.
CIERRA LA INVESTIGACIÓN
La audiencia del lunes será especialmente relevante porque podría constituir uno de los últimos movimientos procesales importantes antes de que la Fiscalía adopte una determinación respecto del futuro de la investigación.
Después de asumir la causa, Patricio Cooper señaló que el Ministerio Público regional realizó una revisión de la investigación desarrollada durante años en Valparaíso, retomó diligencias y separó las distintas aristas.
Ahora, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha manifestado su intención de finalizar la etapa investigativa durante septiembre de 2026, aunque cualquier cierre dependerá también de las diligencias pendientes y de las solicitudes que eventualmente formulen las defensas.
De concretarse el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá adoptar posteriormente las decisiones procesales correspondientes respecto de cada imputado, entre ellas determinar si presenta acusación, solicita sobreseimientos o adopta alguna otra salida contemplada por la legislación.
Por ahora, el foco estará puesto en el lunes 7 de septiembre, cuando Lucía Pinto, José Cáceres y Pablo Bracchitta vuelvan ante el Juzgado de Garantía de La Serena para ser reformalizados, mientras que Eduardo Espinoza será formalizado por primera vez por fraude al Fisco.
La audiencia permitirá conocer exactamente qué nuevos hechos, precisiones jurídicas o antecedentes incorporará la Fiscalía a la imputación, en una investigación que, a casi seis años de iniciarse, entra nuevamente en una etapa decisiva.