PAPAYA GATE: REFORMALIZACIÓN FIJA EN AL MENOS $2 MIL MILLONES EL PERJUICIO FISCAL Y ABRE 60 DÍAS MÁS DE INVESTIGACIÓN
El caso Papaya Gate sumó este lunes 7 de septiembre un nuevo capítulo judicial en el Juzgado de Garantía de La Serena. La Fiscalía Regional de Coquimbo reformalizó por el delito de fraude al Fisco a cuatro personas vinculadas a la cuestionada compra de terrenos realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo, operación por la cual se pagaron $9.881 millones y que, según el Ministerio Público, habría provocado un perjuicio fiscal no inferior a $2.000 millones.
La causa se origina en la adquisición de terrenos ubicados en el sector San Ramón de La Serena durante la administración de la entonces intendenta Lucía Pinto, que serían destinados a un proyecto asociado a la compensación por los terrenos utilizados para el nuevo Hospital de La Serena. Desde el inicio, la operación estuvo bajo cuestionamiento debido al precio pagado, las tasaciones existentes y las reiteradas observaciones formuladas por la Contraloría General de la República.
Durante la audiencia de este lunes, el Ministerio Público precisó los cargos contra Lucía Pinto; el exadministrador regional y exjefe de la División de Planificación y Desarrollo, José Cáceres; el exjefe jurídico del Gobierno Regional, Eduardo Espinoza; y Pablo Bracchitta, quien representaba a las sociedades inmobiliarias que participaron en la operación. Todos quedaron imputados por fraude al Fisco, mientras que en el caso de Cáceres se incorporó además el delito de negociación incompatible.
Uno de los elementos centrales incorporados por la Fiscalía apunta precisamente a la actuación de Cáceres. El fiscal Eduardo Yáñez señaló que la reformalización busca precisar la participación de los investigados y afirmó que el Ministerio Público incorporó antecedentes relacionados con una eventual negociación incompatible entre quien ejercía como administrador regional y la parte vendedora de los terrenos.
La Fiscalía también reforzó la imputación respecto del exjefe jurídico del GORE, Eduardo Espinoza. Según explicó el persecutor, pese a conocer las reiteradas objeciones realizadas por Contraloría al contrato, habría intervenido posteriormente en la elaboración de un instrumento que permitió avanzar con la inscripción de la compraventa y el retiro de los documentos correspondientes al pago de los terrenos, situación que, para el Ministerio Público, habría facilitado el perjuicio patrimonial investigado.
El tribunal fijó 60 días adicionales de investigación en esta arista. La Fiscalía espera que, terminado ese período, pueda adoptar una decisión respecto del cierre de la investigación y avanzar hacia la siguiente etapa procesal, lo que eventualmente podría derivar en una acusación, sobreseimiento u otra resolución dependiendo de los antecedentes reunidos.
LA CIFRA CLAVE: MÁS DE $9.881 MILLONES PAGADOS
De acuerdo con los antecedentes entregados oficialmente este lunes por la Fiscalía, el Gobierno Regional desembolsó exactamente $9.881.663.299 por los terrenos. La tesis investigativa sostiene que el perjuicio patrimonial para el Estado sería no inferior a $2.000 millones, correspondiente a la diferencia entre el precio efectivamente pagado y otras alternativas de menor valor que, según el Ministerio Público, habrían sido conocidas por los imputados.
LA ARISTA TRIBUTARIA TAMBIÉN SE ACERCA A SU CIERRE
Paralelamente, el denominado Papaya Gate mantiene una segunda investigación de carácter tributario. Este lunes, el Juzgado de Garantía de La Serena concedió otros 20 días de plazo, debido a que permanece pendiente un informe solicitado al Servicio de Impuestos Internos relacionado con declaraciones tributarias de imputados vinculados a esa investigación.
El fiscal Freddy Salinas explicó que, una vez recibida esa diligencia y cumplido el nuevo plazo, la Fiscalía espera avanzar hacia el cierre de la investigación tributaria. Se trata de una arista distinta de aquella relacionada directamente con los eventuales delitos funcionarios vinculados a la compraventa de los terrenos.
De esta manera, a seis años de que la cuestionada operación se hiciera pública, el Papaya Gate entra en una fase especialmente relevante: la arista principal tendrá otros 60 días de investigación y la tributaria otros 20 días, mientras el Ministerio Público redefine y precisa la participación que atribuye a los imputados.