CONFIRMAN CONDENAS POR FRAUDE AL FISCO POR MÁS DE $762 MILLONES A CORPORACIÓN MUNICIPAL GG. VIDELA
El tribunal rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas de dos exfuncionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla y de uno de los involucrados. La investigación acreditó un esquema de defraudación de fondos públicos y lavado de activos que operó entre 2019 y 2024.
La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó las condenas contra Nicole Paz Cadena Munita, Bélgica Olaya Guerra Galleguillos y Cristian Adrián Muñoz Fredes, sentenciados por delitos vinculados a un esquema de fraude al fisco y lavado de activos que permitió defraudar recursos públicos por aproximadamente $762.778.091.
En fallo unánime, correspondiente a la causa rol 640-2026, el tribunal rechazó los recursos de nulidad interpuestos por las defensas y mantuvo la sentencia dictada previamente por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena.
La resolución fue adoptada por los ministros Iván Corona Albornoz y Juan Carlos Espinosa Rojas, junto a la abogada integrante Carolina Salas Salazar.
LAS PENAS CONFIRMADAS
Nicole Paz Cadena Munita y Bélgica Olaya Guerra Galleguillos fueron condenadas a dos penas de cuatro años de presidio efectivo, además del pago de multas equivalentes al 50% del perjuicio causado y 100 UTM, por los delitos consumados de fraude al fisco y lavado de activos, respectivamente.
Por su parte, Cristian Adrián Muñoz Fredes, esposo de Cadena Munita, fue condenado a cuatro años de presidio efectivo y una multa de 100 UTM como autor de lavado de activos. Además, recibió una pena de tres años de reclusión y una multa de 15 UTM por fraude de prestaciones estatales.
MANIOBRAS PARA OCULTAR EL ORIGEN DEL DINERO
En su resolución, la Corte sostuvo que la sentencia de primera instancia logró acreditar una serie de operaciones destinadas a ocultar y dificultar la trazabilidad de los fondos obtenidos mediante la defraudación.
Según el fallo, Cadena Munita y Muñoz Fredes, cónyuges entre sí, realizaron distintas maniobras para mezclar y hacer circular los recursos provenientes de la Corporación Municipal, utilizando cuentas bancarias personales, cuentas de terceros y sociedades en las que mantenían participación.
Parte importante de estas operaciones correspondía a transferencias realizadas entre personas que habrían sido incorporadas al sistema para emitir documentos por servicios inexistentes, antes de que los recursos llegaran finalmente a cuentas asociadas a los condenados.
ROL DE EXSECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
Respecto de Bélgica Guerra Galleguillos, la Corte señaló que, aprovechando su cargo de secretaria del Departamento de Salud, actuó coordinadamente con Cadena Munita y Muñoz Fredes tanto en la defraudación de fondos públicos como posteriormente en las operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero.
De acuerdo con la sentencia, Guerra Galleguillos también habría participado en el reclutamiento de personas utilizadas para emitir documentación y recibir pagos por prestaciones que en la práctica no se habrían realizado.
El tribunal estableció además que estas operaciones buscaban impedir la trazabilidad de los recursos y facilitar su circulación entre distintas cuentas bancarias.
MÁS DE $762 MILLONES DEFRAUDADOS
La sentencia de primera instancia estableció que, al menos desde diciembre de 2019 y hasta 2024, los involucrados desarrollaron de manera sistemática un mecanismo destinado a defraudar recursos administrados por la Corporación Municipal Gabriel González Videla.
En ese periodo, Nicole Cadena se desempeñó como coordinadora del Departamento de Salud y Bélgica Guerra como secretaria de la misma repartición, cargos que ejercieron hasta enero y abril de 2022, respectivamente.
Según lo acreditado durante el juicio, los condenados se coordinaron con otras personas, distribuyendo funciones dentro de una estructura destinada a obtener recursos públicos mediante pagos improcedentes.
El mecanismo permitió concretar pagos desde el Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal a personas que habían sido reclutadas y que, según determinó el tribunal, no prestaron los servicios por los cuales recibieron dichos recursos.
La defraudación total acreditada alcanzó aproximadamente los $762,7 millones.