PAPAYA GATE: CORTE CONFIRMA RECHAZO AL SOBRESEIMIENTO Y EMPRESARIO SIGUE IMPUTADO EN LA CAUSA
La resolución mantiene vigente la persecución penal contra el empresario Pablo Bracchitta, investigado por su presunta participación en la cuestionada compraventa de terrenos realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo. La Fiscalía estima que la operación, cercana a los $9.882 millones, provocó un perjuicio fiscal de al menos $2.000 millones.
Un nuevo capítulo judicial se registra en el denominado caso Papaya Gate, luego de conocerse el antecedente de que la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la resolución del Juzgado de Garantía que rechazó el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa del empresario Pablo Bracchitta Krstulovic, uno de los imputados en la investigación por presunto fraude al fisco.
La decisión de primera instancia había sido adoptada el pasado 22 de septiembre por el magistrado Claudio Ayala, quien estimó que no se cumplían los requisitos legales para decretar el término definitivo de la persecución penal. En particular, el tribunal consideró que la investigación continuaba abierta, existían diligencias pendientes y no se encontraba claramente establecida la inocencia del imputado.
La confirmación atribuida al tribunal de alzada representa un nuevo resultado judicial desfavorable para la pretensión de la defensa de Bracchitta, que ha sostenido que su representado no incurrió en conductas constitutivas de delito y que su intervención se limitó a gestiones propias de una operación inmobiliaria.
LOS ARGUMENTOS QUE IMPIDIERON EL SOBRESEIMIENTO
Durante la audiencia de septiembre, la defensa del empresario, encabezada por el abogado David Segall, solicitó cerrar definitivamente la causa respecto de su representado, argumentando que no existían antecedentes suficientes para atribuirle responsabilidad penal.
Sin embargo, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes particulares se opusieron a la petición.
El fiscal Ricardo Soto sostuvo entonces que la causa había sido recientemente reformalizada, que se había incorporado a un nuevo imputado y que permanecían pendientes diligencias relevantes, entre ellas el análisis de comunicaciones electrónicas.
El tribunal consideró que estas circunstancias impedían establecer, con el grado de certeza exigido por el artículo 250, letra b), del Código Procesal Penal, la inocencia del empresario. También precisó que la decisión adoptada en 2025 de no imponerle medidas cautelares no equivalía a una declaración definitiva de inocencia.
UNA INVESTIGACIÓN POR CASI $9.900 MILLONES
El caso Papaya Gate investiga eventuales irregularidades en la adquisición de terrenos realizada durante 2019 por el Gobierno Regional de Coquimbo, con el propósito de desarrollar infraestructura deportiva en reemplazo de las antiguas dependencias de la ex Cordep, destinadas al proyecto del nuevo Hospital de La Serena.
Según los antecedentes entregados oficialmente por la Fiscalía Regional de Coquimbo, la operación involucró el pago de $9.881.663.299 y habría generado un perjuicio patrimonial al Estado no inferior a $2.000 millones.
La investigación apunta, entre otras materias, a posibles conflictos de interés entre funcionarios del Gobierno Regional y representantes de las sociedades inmobiliarias vendedoras, además de las circunstancias administrativas en que se concretó la compraventa.
El 7 de septiembre, el Ministerio Público reformalizó la investigación respecto de la exintendenta Lucía Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y el empresario Pablo Bracchitta, además de incorporar al exjefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional, Eduardo Espinoza.
En esa audiencia se fijó un plazo de 60 días para el término de las diligencias investigativas.
¿QUÉ VIENE AHORA EN EL CASO PAPAYA GATE?
La mantención del rechazo al sobreseimiento implica que Bracchitta no queda excluido de la investigación y que la Fiscalía conserva la posibilidad de continuar la persecución penal en su contra.
El próximo hito relevante será el vencimiento del plazo de investigación fijado en septiembre, previsto para comienzos de noviembre, salvo que exista una modificación judicial posterior.
Una vez cerrada la investigación, el Ministerio Público deberá definir el curso procesal correspondiente, que podría incluir la presentación de una acusación y la eventual preparación de un juicio oral.
Es importante precisar que rechazar un sobreseimiento no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de los imputados solo podrá establecerse mediante una sentencia judicial, respetando el principio de presunción de inocencia.