En conversación con el programa “Ciudad Despierta” de Radio Guayacán, María Soledad Salas, Magister en Derecho Penal, analizó las implicancias penales respecto del llamado caso “Papaya-Gate”, a raíz del informe elaborado por Contraloría sobre la venta irregular de terrenos en el sector San Ramón para la construcción de un centro deportivo, que también investiga el Ministerio Público por el presunto delito de fraude al fisco en contra del Gobierno Regional.
“Preliminarmente, comienza por una investigación como fraude al fisco, pero pueden aparecer otras circunstancias y antecedentes que constituyan delitos de corrupción”, explica la jurista.
Para Salas, “podríamos estar configurando un delito de tráfico de influencias del funcionario público y su padre, pues por su cargo pudo tener información que otros oferentes no tenían”, dado que los antecedentes entregados por el ente contralor explican que al interior del GORE trabajó durante todo 2019 como asesor de proyectos de pre-inversión, Nicolás Bakulic Albertini, hijo de Nicolás Bakulic Gorovic, quien a mediados del año pasado se convirtió en accionista de las inmobiliarias que vendieron los paños.
Además, según la abogada de Dígnitas Asociados, eventualmente podrían configurarse en el caso los delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible para los funcionarios del GORE involucrados.
En tanto, los implicados del área privada podrían ser investigados por los delitos de estafa o apropiación indebida.
Respecto a las penas, la experta en Derecho Penal afirmó que se gradúan de acuerdo con el monto defraudado, “si hablamos de un monto de 9.800 millones de pesos, la pena que se establecería es desde presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio, de 5 años hasta 15 años de privación de libertad pueden arriesgar los implicados”.
A esto se suman otro tipo de sanciones, “existe una pena de multa de la mitad del perjuicio, además, de la inhabilidad para optar a un cargo público”, añadió Salas.
ATENUANTES
Respecto a las circunstancias atenuantes que evitarían el cumplimiento efectivo del presidio en estos casos, María Soledad Salas aclaró que existen tres variables: “la irreprochable conducta anterior, la devolución de los recursos a las arcas fiscales y la colaboración en la investigación”.
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