Un paso para abordar el futuro de la gestión de residuos domiciliarios en la Región de Coquimbo dieron los alcaldes y alcaldesas de La Higuera, La Serena, Andacollo, Ovalle y Coquimbo, junto al gobernador regional, Cristóbal Juliá, tras firmar una declaración conjunta para impulsar la relocalización del relleno sanitario El Panul.

El acuerdo busca establecer una hoja de ruta que permita garantizar la continuidad de la disposición de residuos sólidos, resguardar la salud de las personas y proteger el medio ambiente, frente al progresivo agotamiento de la capacidad del actual recinto.

EL PANUL TIENE UNA VIDA ÚTIL PROYECTADA HASTA 2030

La situación genera preocupación entre las autoridades, considerando que El Panul constituye una infraestructura fundamental para la disposición de residuos domiciliarios de distintas comunas de la región.

Su vida útil se proyecta hasta 2030, lo que obliga a acelerar las decisiones para evitar una eventual crisis sanitaria y ambiental.

En este contexto, el Gobierno Regional ha impulsado la posibilidad de desarrollar un Centro Integral de Manejo de Residuos, incorporando tecnologías de tratamiento y reciclaje que permitan avanzar hacia un sistema más sostenible.

AÚN NO EXISTE UN TERRENO DEFINIDO

Pese a la firma del acuerdo, las autoridades todavía no han anunciado una ubicación definitiva para la nueva infraestructura.

La declaración establece que cualquier decisión deberá sustentarse en estudios técnicos, evaluación de las condiciones ambientales y participación de las comunidades potencialmente afectadas.

Entre los desafíos pendientes se encuentran la selección del terreno, el financiamiento, los permisos ambientales y los plazos de construcción.

La firma del acuerdo representa un primer compromiso institucional, pero todavía no constituye una solución definitiva. Con el horizonte de 2030 cada vez más cercano, el principal desafío será transformar esta declaración en un proyecto concreto que garantice la gestión de residuos de la Región de Coquimbo durante las próximas décadas.

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Una jornada marcada por duros enfrentamientos políticos se vivió este lunes 9 de noviembre en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la Sala aprobara en general el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa obtuvo 80 votos favorables, 63 en contra y una abstención, correspondiente al diputado Jaime Mulet, permitiendo que el proyecto continúe su tramitación legislativa. Sin embargo, la discusión estuvo lejos de desarrollarse en un ambiente de consenso, especialmente por los cuestionamientos de la oposición a los recortes presupuestarios y las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

MANOUCHEHRI: “UN MINISTRO MEDIOCRE Y EMPOBRECEDOR”

Tras la votación, el diputado socialista por la Región de Coquimbo, Daniel Manouchehri, lanzó duras críticas al titular de Hacienda, responsabilizándolo por el deterioro de los principales indicadores económicos y cuestionando las prioridades del proyecto presupuestario.

“Hoy día hemos visto la aprobación de un Presupuesto encabezado por un ministro mediocre y empobrecedor”, afirmó el parlamentario.

Manouchehri sostuvo que la situación económica del país refleja un escenario de desempleo, bajo crecimiento e inflación, asegurando que el Gobierno no ha logrado responder a las dificultades que enfrentan las familias chilenas.

En sus declaraciones, el diputado atribuyó a la actual administración el desempleo más alto de los últimos cinco años, un crecimiento económico de apenas 0,2% y una inflación que, según señaló, duplica la registrada al inicio del Gobierno.

Estas cifras fueron utilizadas por el parlamentario para fundamentar su rechazo al proyecto, aunque corresponden a indicadores que requieren distinguir sus períodos de medición para evaluar la evolución de la economía.

CUESTIONAMIENTOS POR RECORTES A EDUCACIÓN, MUJERES Y ADULTOS MAYORES

Uno de los principales argumentos planteados por Manouchehri fue el impacto que, a su juicio, tendrán las reducciones presupuestarias sobre programas sociales y servicios públicos. El legislador acusó al Ejecutivo de disminuir recursos destinados a jóvenes, mujeres y adultos mayores, además de cuestionar la reducción del programa de entrega de computadores a estudiantes.

En particular, aseguró que 96 mil niños quedarían sin computadores debido a las modificaciones contempladas en el proyecto.

También criticó los recursos destinados al Ministerio Público, afirmando que la propuesta reduciría la cantidad de fiscales disponibles y podría afectar la persecución penal. Para reforzar su cuestionamiento, Manouchehri sostuvo que el propio fiscal nacional había advertido que las restricciones presupuestarias podían favorecer la impunidad.

QUIROZ ARREMETE CONTRA DIPUTADOS

La tensión también tuvo como protagonista al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien durante su intervención cuestionó directamente la forma en que los parlamentarios estaban desarrollando el debate.

El secretario de Estado pidió elevar el nivel de la discusión y criticó lo que consideró una excesiva preocupación de algunos legisladores por las redes sociales.

“Sé que la mayoría de ustedes hablan por el reel, hablan por las redes”, manifestó Quiroz ante la Sala, provocando nuevas reacciones de los diputados.

La situación obligó a intervenir al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), quien le solicitó al ministro concentrarse en el contenido del proyecto. “Ministro, le pido que se refiera al tema y no a la labor parlamentaria”, señaló Alessandri.

Pese al llamado de atención, Quiroz insistió en la necesidad de desarrollar una discusión con mayor altura y pidió abordar el debate presupuestario con un mínimo de dignidad.

HACIENDA DEFIENDE EL PRESUPUESTO Y ADVIERTE SOBRE MILES DE INDICACIONES

Durante su intervención, Quiroz también abordó el elevado número de modificaciones presentadas al proyecto por los parlamentarios.

Según explicó, el Ejecutivo ha recibido alrededor de 6.000 indicaciones considerando las distintas etapas de discusión legislativa, lo que representa un importante desafío para la tramitación del presupuesto.

El ministro aseguró que el Gobierno revisará las propuestas y llamó a desarrollar un trabajo más colaborativo, evitando que el debate quede reducido a enfrentamientos políticos.

Tras la aprobación en general, Quiroz valoró el resultado y manifestó que el Ejecutivo mantiene disposición a perfeccionar la iniciativa.

El secretario de Estado defendió el presupuesto como una propuesta orientada a mantener la responsabilidad fiscal, impulsar el empleo, fortalecer la seguridad y priorizar la inversión en obras públicas.

Asimismo, destacó los acuerdos alcanzados durante la discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, particularmente aquellos relacionados con los recursos destinados a los gobiernos regionales.

MANOUCHEHRI CUESTIONA AL PARTIDO DE LA GENTE POR APOYAR AL GOBIERNO

Otro de los puntos abordados por el diputado socialista fue el respaldo que recibió el proyecto desde parlamentarios del Partido de la Gente (PDG). Manouchehri lamentó que integrantes de esa colectividad contribuyeran a aprobar la iniciativa del Ejecutivo y los emplazó a reconsiderar su posición durante las próximas etapas de la tramitación legislativa.

El parlamentario llamó a sus integrantes a no respaldar políticas que, según su evaluación, profundizan las dificultades económicas de las familias y debilitan la protección social.

La votación evidenció que el Gobierno consiguió los apoyos necesarios para superar esta primera etapa, aunque persisten diferencias relevantes respecto de las asignaciones de recursos para Educación, Ciencia y distintos programas sociales.

ESTE MARTES COMIENZA LA DISCUSIÓN

Pese a la aprobación en general, la Ley de Presupuestos 2027 todavía no está despachada. Desde este martes 10 de noviembre, a las 14:00 horas, la Cámara iniciará la discusión en particular de las partidas, artículos e indicaciones que deberán ser sometidos a votación.

Entre las materias que concentran las principales controversias se encuentran los recursos para Educación, Ciencia, programas sociales, empleo y seguridad. Precisamente durante esta etapa se determinará si el Gobierno mantiene las reducciones cuestionadas por la oposición o introduce modificaciones para conseguir nuevos acuerdos parlamentarios.

La discusión se desarrollará durante los próximos días, antes de que el proyecto continúe su tramitación en el Congreso, cuyo plazo constitucional de despacho vence el 29 de noviembre.

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El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes 9 de noviembre el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca contener las sucesivas alzas de los combustibles, estableciendo un límite de $20 por litro para los incrementos que se registren durante los próximos 90 días.

La medida, que será presentada con discusión inmediata, surge en medio de las presiones del sector del transporte, las movilizaciones de camioneros en distintas zonas del país y el impacto que los precios de las bencinas y el diésel están provocando en los presupuestos familiares.

No obstante, el anuncio abre una interrogante económica: ¿qué diferencia existe entre esta nueva iniciativa y el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que ya funciona en Chile y utiliza recursos fiscales para amortiguar las alzas?

La principal diferencia está en la magnitud de los incrementos permitidos. Mientras el MEPCO regula las variaciones de precios mediante ajustes al impuesto específico y otros instrumentos de estabilización, la propuesta del Ejecutivo pretende incorporar una protección temporal más estricta, impidiendo que los futuros aumentos superen los $20 por litro.

ESTE JUEVES LOS COMBUSTIBLES SUBIRÁN HASTA $40 POR LITRO

Antes de que comience a operar la eventual nueva legislación, el Gobierno confirmó que utilizará el margen disponible dentro del actual MEPCO para contener el ajuste previsto para este jueves 12 de noviembre.

De acuerdo con lo informado por el Presidente Kast, las bencinas y el diésel registrarán un aumento de hasta $40 por litro, correspondiente al mínimo técnico que permite aplicar la normativa vigente en las condiciones actuales.

La decisión busca evitar incrementos mayores, particularmente en el diésel, para el cual existían proyecciones de aumentos de entre $70 y $90 por litro.

El proyecto anunciado este lunes apunta a que los ajustes posteriores, durante un período de tres meses, no sobrepasen los $20 por litro en cada oportunidad.

Sin embargo, esto no significa que los combustibles dejarán de subir ni que sus precios experimentarán una rebaja. La propuesta busca moderar la velocidad de los incrementos y distribuir su impacto a lo largo del tiempo.

EL MEPCO YA HA COSTADO $1,1 BILLONES EN TRES MESES

Uno de los antecedentes más relevantes del anuncio corresponde al esfuerzo fiscal que actualmente realiza el Estado para estabilizar los precios.

Según las cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda, entre agosto y octubre de 2026 el funcionamiento del MEPCO representó un impacto fiscal de aproximadamente $1,1 billones, considerando subsidios y recursos que el Estado dejó de recaudar.

De ese total, $860 mil millones correspondieron a la contención del precio del diésel.

Hacienda informó además que, durante ese período, el precio del diésel se mantuvo en promedio $280 por litro por debajo de su valor de paridad internacional. De esa diferencia, $110 correspondieron a una menor recaudación del impuesto específico y $170 a subsidios directos del Estado.

Por lo tanto, el proyecto anunciado por Kast no representa el inicio de una política de apoyo fiscal a los consumidores, sino una profundización temporal de un mecanismo de estabilización que ya se encuentra operativo.

La pregunta pendiente es cuánto dinero adicional deberá aportar el Fisco para cumplir con el nuevo límite y de dónde provendrán esos recursos.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN CON LA NUEVA MEDIDA?

En principio, la iniciativa favorecería a todos los consumidores de gasolinas y diésel, desde conductores particulares hasta empresas de transporte de pasajeros y carga.

Sin embargo, el beneficio monetario absoluto será distinto según el volumen de combustible utilizado.

Por ejemplo, si una persona carga 40 litros y el incremento se reduce de $40 a $20 por litro, evitará un gasto adicional de $800 en esa carga. En cambio, un transportista que abastezca su vehículo con 500 litros evitará un aumento de $10.000 por la misma diferencia de precios.

Esto demuestra que el beneficio por litro es uniforme, pero el ahorro total aumenta con el consumo.

El efecto también puede extenderse indirectamente a los precios de bienes y servicios, considerando que el costo del transporte influye en la distribución de alimentos, productos y mercancías. No obstante, no existe una garantía de que la menor alza del diésel se traduzca automáticamente en menores precios para los consumidores.

LA GRAN INTERROGANTE: ¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE LOS 90 DÍAS?

Uno de los puntos que deberá ser examinado durante la discusión parlamentaria es la duración de la medida.

El Gobierno espera que las presiones internacionales sobre los combustibles disminuyan durante los próximos meses, permitiendo que la situación comience a estabilizarse hacia enero.

Sin embargo, si los valores internacionales se mantienen elevados, el término de la protección extraordinaria podría generar nuevas presiones alcistas sobre los precios internos.

En ese escenario, el Congreso tendrá que evaluar no solamente el beneficio inmediato para los consumidores, sino también la sostenibilidad fiscal del mecanismo y las condiciones bajo las cuales finalizará su aplicación.

También falta precisar cómo se calculará el límite de $20, qué instrumentos legales se modificarán y si existirán disposiciones adicionales para evitar aumentos acumulados una vez que concluya la medida.

MOVILIZACIÓN DE CAMIONEROS

La propuesta presidencial se conoce en un escenario de creciente tensión con sectores del transporte de carga.

Durante este lunes se registraron movilizaciones de camioneros en la zona centro-sur del país, quienes han cuestionado las sucesivas alzas del diésel y las dificultades para trasladar estos incrementos a sus tarifas.

El Ejecutivo busca responder a esta presión mediante una medida que no solamente favorezca a los transportistas, sino que también entregue una señal de contención del costo de la vida a los hogares.

Pese a ello, el anuncio no resuelve necesariamente el problema estructural que enfrenta el país: su exposición a las variaciones internacionales del petróleo y a los efectos del tipo de cambio sobre los precios internos.

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Un importante avance en materia de financiamiento y descentralización se concretó en el marco de la discusión del Presupuesto 2027, luego de que el Gobierno y la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) alcanzaran un acuerdo para revertir los recortes inicialmente propuestos por el Ministerio de Hacienda.

El entendimiento, aprobado por unanimidad en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, incorpora $95 mil millones adicionales respecto de la propuesta original, elevando el presupuesto conjunto de los gobiernos regionales a $1,82 billones, con especial atención en la inversión pública y la generación de empleo.

Para la Región de Coquimbo, el acuerdo representa una mayor certeza financiera para planificar y ejecutar iniciativas durante el próximo año, particularmente en un escenario marcado por las necesidades de infraestructura, recuperación económica y financiamiento de proyectos regionales.

JULIÁ: «NO SE HACE UN RECORTE COMO HABÍA SIDO PLANTEADO EN UN INICIO»

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, destacó los resultados de las negociaciones y valoró especialmente que se haya descartado la reducción presupuestaria originalmente anunciada. “Respecto del acuerdo que hemos logrado los gobernadores de Chile con el Ejecutivo, bastante positivo, primero, porque no se hace un recorte como había sido planteado en un inicio por el ministro de Hacienda, y se mantiene el presupuesto con el cual trabajamos durante el año 2026”.

La autoridad agregó que el entendimiento también busca impedir nuevas disminuciones de recursos durante el próximo ejercicio presupuestario. “También permitiendo que no se hagan más recortes durante el próximo año, como sí ocurrió este año, donde en dos ocasiones se hicieron, vía decreto, recortes a los gobiernos regionales”.

Esta condición resulta relevante para la planificación financiera del Gobierno Regional, considerando que las modificaciones presupuestarias durante el año pueden afectar los calendarios de ejecución de proyectos y los compromisos establecidos con municipios y otras instituciones.

RECURSOS DISPONIBLES DESDE ENERO Y MAYOR CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la incorporación de nuevas herramientas de flexibilidad presupuestaria que permitirán a los gobiernos regionales disponer de sus recursos desde comienzos de año. Hasta ahora, diversos procedimientos administrativos retrasaban el inicio efectivo de la ejecución presupuestaria, afectando los plazos de inversión.

Juliá explicó que este cambio permitirá superar una de las dificultades que enfrentaban las administraciones regionales. “Se dan nuevas herramientas de flexibilidad y apertura de caja para el próximo año, lo cual nos va a permitir ejecutar desde enero, cosa que no pasaba antes, que muchas veces comenzábamos los gobiernos regionales a ejecutar los recursos recién desde marzo”.

El gobernador advirtió que estos retrasos complicaban la gestión presupuestaria y la puesta en marcha de las iniciativas regionales.

En paralelo, el acuerdo contempla flexibilizar el uso del Fondo de Apoyo al Transporte, permitir la reinversión de determinados recursos no ejecutados y modificar la distribución de ingresos obtenidos por venta de activos, estableciendo que el 50% quede en manos de los respectivos gobiernos regionales.

FONDO DE EMERGENCIAS AUMENTARÁ AL 4%

Otro de los puntos destacados por Juliá es la ampliación del porcentaje de recursos regionales que podrán destinarse a emergencias, pasando del 2% al 4%.

La medida cobra especial relevancia para regiones como Coquimbo, que durante 2026 enfrentaron daños asociados a eventos meteorológicos y mantienen importantes desafíos de recuperación de infraestructura.

El acuerdo también contempla eliminar la reasignación automática del 3% de recursos regionales hacia el Ministerio del Interior, mecanismo que se aplicaba hasta este año.

NUEVA METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS GOBERNADORES

El gobernador de Coquimbo también destacó que se está trabajando en una nueva metodología de indicadores de gestión, conocidos como KPI, destinada a modificar la forma en que se evalúa el desempeño de los gobiernos regionales.

Actualmente, la ejecución presupuestaria constituye uno de los principales parámetros para medir el avance de la gestión. Sin embargo, las autoridades regionales plantean que este indicador no siempre refleja adecuadamente los recursos comprometidos y transferidos a otros organismos públicos.

Juliá explicó que la nueva metodología permitirá incorporar una visión más amplia de la administración regional. “Nos va a permitir a nosotros ser evaluados no solo por la ejecución presupuestaria, como ha sido hasta este entonces a través de los informes que entrega trimestralmente Subdere, sino más bien a través de la gestión de lo que hacen los gobernadores”.

En esa línea, precisó que también deberán considerarse los recursos devengados, es decir, las obligaciones de pago reconocidas, que no necesariamente se traducen de inmediato en desembolsos efectivos. “Cada peso que sale del Gobierno Regional es un peso que ha sido gestionado y que está transferido a otros servicios”.

Este cambio metodológico busca entregar una evaluación más representativa del desempeño regional, especialmente cuando los recursos son transferidos a instituciones ejecutoras de proyectos y programas.

¿CUÁNTO RECIBIRÁ LA REGIÓN DE COQUIMBO?

Aunque el acuerdo permite mantener un marco presupuestario nacional cercano al de 2026, todavía es necesario precisar el monto definitivo que corresponderá al Gobierno Regional de Coquimbo.

La cifra global de $1,82 billones corresponde al conjunto de los gobiernos regionales y no representa recursos exclusivos para Coquimbo.

Asimismo, si bien el entendimiento ya recibió el respaldo unánime de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, su implementación definitiva depende de la tramitación legislativa de la Ley de Presupuestos 2027.

Por ahora, Juliá sostuvo que el acuerdo entrega mejores condiciones para cumplir los compromisos regionales. “Esto nos va a permitir mejorar la gestión durante el próximo año, vamos a contar con los recursos que ya están estipulados y así vamos a poder cumplir con los compromisos que tenemos como Gobierno Regional”.

De esta manera, el foco estará puesto en la distribución definitiva de los fondos, la oportunidad con que podrán utilizarse y la capacidad de traducir las nuevas condiciones presupuestarias en proyectos concretos para las comunas de la Región de Coquimbo.

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La economía chilena continúa mostrando señales de debilidad. Según informó este lunes 2 de noviembre el Banco Central, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a septiembre de 2026 registró un crecimiento de apenas 0,2% en comparación con igual mes del año anterior, reflejando las dificultades para consolidar una recuperación sostenida.

El resultado estuvo marcado principalmente por el negativo desempeño de la minería, que experimentó una caída anual de 12,1%, asociada a una menor extracción de cobre, menores leyes del mineral y la suspensión temporal de algunas faenas.

En contraste, el componente no minero de la economía registró un crecimiento anual de 2%, impulsado por el comercio, la industria y los servicios.

MINERÍA ARRASTRA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

La fuerte contracción minera constituye uno de los principales factores detrás del débil resultado de septiembre.

Sin embargo, al analizar las cifras desestacionalizadas, que permiten comparar la actividad económica entre meses eliminando los efectos propios del calendario, se observa una recuperación de 1,9% respecto de agosto.

En esta medición, la minería presentó un repunte mensual de 9,8%, explicado principalmente por la recuperación de faenas afectadas durante el invierno y por trabajos de mantenimiento en distintas operaciones.

Una economista que analizó las cifras para Radio Guayacán advirtió que, pese a estas señales positivas, se debe mantener la cautela, ya que una parte importante de la recuperación corresponde a la normalización de actividades que habían registrado un desempeño especialmente bajo durante agosto.

COMERCIO E INDUSTRIA MUESTRAN SEÑALES POSITIVAS

En la comparación mensual desestacionalizada, la industria manufacturera creció un 1,3%, el comercio un 2,5% y los servicios un 0,9%.

Por su parte, la producción de bienes aumentó 3,2%, impulsada principalmente por la recuperación de la actividad minera.

No obstante, el Imacec no minero avanzó solamente 0,9% respecto del mes anterior, lo que evidencia un crecimiento moderado fuera de las actividades extractivas.

La economista consultada explicó que, si bien existen señales favorables, estas todavía no permiten concluir que la economía haya iniciado una etapa de expansión sostenida.

PREOCUPACIÓN POR EL EMPLEO Y LA INVERSIÓN

El débil desempeño económico genera especial preocupación en un escenario de elevado desempleo y dificultades para dinamizar la inversión privada.

Para la Región de Coquimbo, donde la minería cumple un papel estratégico, la evolución del sector resulta particularmente relevante debido a su relación con la contratación de trabajadores, las empresas proveedoras y el desarrollo de proyectos productivos.

Sin embargo, las cifras nacionales del Imacec no permiten determinar por sí solas el desempeño económico específico de la región.

Desde el Gobierno, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó el resultado como una señal de estabilización, pero reconoció que todavía está lejos del crecimiento que necesita el país.

El Ejecutivo apuesta por nuevas inversiones, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y medidas destinadas a dinamizar la actividad económica.

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La Municipalidad de La Serena busca obtener hasta $9 mil millones para enfrentar sus compromisos financieros y recuperar su capacidad de inversión. Para avanzar en este objetivo, la alcaldesa Daniela Norambuena y el senador Matías Walker sostuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la que solicitaron agilizar la autorización de un leaseback que permanece pendiente ante la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El encuentro se desarrolló en medio de los esfuerzos de la administración municipal por ordenar sus finanzas y enfrentar las deudas que, según ha señalado la alcaldesa, fueron heredadas de administraciones anteriores.

La operación cuenta con la aprobación del Concejo Municipal desde octubre de 2025 y considera obtener financiamiento mediante diez propiedades municipales, con un plazo de pago de hasta diez años.

Sin embargo, la autorización definitiva todavía no se ha concretado, por lo que el municipio mantiene sus gestiones ante Hacienda con la expectativa de obtener una respuesta antes de finalizar 2026.

¿QUÉ ES EL LEASEBACK Y CÓMO PERMITIRÍA OBTENER $9 MIL MILLONES?

El leaseback es un mecanismo de financiamiento mediante el cual una institución vende un inmueble a una entidad financiera y posteriormente lo arrienda para continuar utilizándolo, bajo condiciones que pueden incluir una opción de recompra.

En el caso de La Serena, la propuesta aprobada por el Concejo Municipal considera diez inmuebles de propiedad municipal, cuyo valor comercial fue estimado en más de 804 mil UF.

La operación busca proporcionar liquidez para enfrentar obligaciones pendientes, aliviar la presión sobre las finanzas municipales y permitir una mejor planificación presupuestaria.

No obstante, se trata de una operación que genera compromisos financieros futuros, por lo que el municipio deberá demostrar que cuenta con capacidad suficiente para cumplir con los pagos establecidos.

Además, obtener la aprobación de la Dipres no significa recibir inmediatamente los recursos. Posteriormente será necesario desarrollar el proceso de licitación y conocer las condiciones ofrecidas por las instituciones financieras.

ALCALDESA NORAMBUENA: “TENEMOS QUE SANEAR LAS DEUDAS HEREDADAS”

Tras la reunión, la alcaldesa Daniela Norambuena valoró la disposición del Ministerio de Hacienda para revisar la iniciativa y manifestó su confianza en que el trámite pueda resolverse próximamente. “Sabemos que tenemos que sanear las deudas heredadas y hoy día tuvimos una excelente reunión junto al ministro de Hacienda”, afirmó.

La autoridad comunal explicó que la aprobación del mecanismo permitiría iniciar las siguientes etapas administrativas y avanzar hacia una recuperación financiera del municipio. “Esperamos prontamente que este leaseback se autorice por la Dipres para comenzar el proceso de licitación”, señaló.

Norambuena también vinculó el ordenamiento financiero con la necesidad de impulsar obras y proyectos para la ciudad, especialmente en materia de mejoramiento de pavimentos e infraestructura urbana. “La Serena tiene que avanzar”, enfatizó.

SENADOR WALKER DESTACA PLAN DE AUSTERIDAD 

El senador Matías Walker respaldó las gestiones de la alcaldesa y destacó el trabajo realizado por los equipos municipales para fundamentar técnicamente la operación.

El parlamentario sostuvo que la propuesta presentada ante Hacienda está acompañada de un programa de austeridad y medidas de ordenamiento financiero elaboradas por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio.

“Quiero felicitar a la alcaldesa Daniela Norambuena y a todo su equipo porque, de forma muy profesional, han entregado un programa que justifica este apoyo de la Dipres y del Ministerio de Hacienda”, expresó.

Walker también destacó la necesidad de recuperar la capacidad de inversión de la capital regional, fortalecer su desarrollo turístico y contribuir a los proyectos de infraestructura que requiere la comuna.

UNA AUTORIZACIÓN PENDIENTE DESDE HACE MESES

Las gestiones para concretar el leaseback se han extendido durante gran parte de 2026. En agosto, la alcaldesa Norambuena entregó formalmente la propuesta definitiva a la Dipres. En esa oportunidad, autoridades del organismo se comprometieron a entregar una respuesta dentro de un plazo aproximado de seis semanas.

Sin embargo, transcurrido ese período, la operación continúa pendiente. De acuerdo con los antecedentes conocidos tras la última reunión con Hacienda, el expediente estaría concluyendo su etapa de validación, aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada para la autorización.

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La reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama, afectadas por los temporales registrados durante julio y agosto de este año, requerirá una inversión estimada de $576 mil millones, según el diagnóstico elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La cifra fue informada por el Ministerio de Economía, tras una nueva reunión de coordinación encabezada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, instancia en la que se revisaron las principales necesidades de infraestructura, las obras prioritarias y los recursos necesarios para avanzar en la recuperación de ambas regiones.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la Región de Coquimbo concentrará el 67% de los recursos, equivalente a aproximadamente $386 mil millones, mientras que el 33% restante, cercano a $190 mil millones, se destinará a la Región de Atacama.

Aunque algunas intervenciones de emergencia ya se encuentran en desarrollo, la mayor parte de la inversión se ejecutará durante 2027, mientras que determinadas obras se extenderán hasta 2028.

RECUPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES ENTRE LAS PRINCIPALES PRIORIDADES

Uno de los mayores desafíos de la reconstrucción está relacionado con la recuperación de infraestructura vial, especialmente caminos y puentes afectados por los sistemas frontales.

El Ministerio de Obras Públicas proyecta una inversión cercana a $316 mil millones hasta 2028, destinada principalmente a rehabilitar rutas, recuperar la conectividad y restablecer servicios esenciales.

Entre las obras consideradas se encuentra la construcción de un nuevo puente en Alto del Carmen, Región de Atacama, junto con la reposición de los puentes Huanilla y El Arrayán, en la Región de Coquimbo.

Estas intervenciones forman parte de las prioridades identificadas para recuperar la conectividad de sectores afectados por las lluvias y facilitar el desplazamiento de habitantes, servicios y actividades productivas.

MÁS DE $179 MIL MILLONES PARA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN COQUIMBO

En materia habitacional y recuperación urbana, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo contempla una inversión superior a $179 mil millones para la Región de Coquimbo, incluyendo 72 proyectos de infraestructura.

Los recursos estarán orientados a atender las necesidades de reconstrucción de viviendas y espacios urbanos, además de recuperar infraestructura dañada por los temporales.

En Atacama, las inversiones proyectadas en esta materia superan los $22 mil millones.

La ejecución de estas iniciativas dependerá de la programación de los organismos responsables y de la disponibilidad presupuestaria para los próximos ejercicios.

GOBIERNO PROYECTA EJECUTAR $69.500 MILLONES DURANTE 2026

Para el presente año, el Ejecutivo contempla ejecutar aproximadamente $69.500 millones, destinados principalmente a reparaciones urgentes, rehabilitación de infraestructura y obras de menor envergadura.

Sin embargo, el grueso de los trabajos se concentrará durante 2027, lo que convierte el financiamiento de la reconstrucción en uno de los aspectos relevantes de la discusión presupuestaria para el próximo año.

El biministro Daniel Mas destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre los distintos organismos públicos para asegurar el avance de las intervenciones. “Nuestro rol es coordinar a todos los organismos para que las obras avancen con rapidez, con control y con un uso responsable de cada peso”, señaló la autoridad.

MÁS DE 35 MIL HOGARES HAN RECIBIDO EL BONO DE RECUPERACIÓN

Junto con las obras de infraestructura, el Gobierno entregó un balance de las ayudas económicas destinadas a las familias afectadas por los temporales.

Según informó el Ministerio del Interior, 35.256 hogares de Coquimbo y Atacama recibieron el Bono de Recuperación, beneficio que representa un desembolso superior a $28.500 millones.

No obstante, todavía existen familias pendientes de recibir esta ayuda.

Para noviembre se proyecta la entrega del beneficio a otros 1.711 hogares, de los cuales 1.688 corresponden a la Región de Coquimbo y 23 a Atacama.

De concretarse estos pagos, se avanzaría en la cobertura de las familias identificadas como beneficiarias del apoyo estatal.

EL DESAFÍO DE LA RECONSTRUCCIÓN EN 2027

El nuevo diagnóstico permite dimensionar el impacto económico de los temporales y las necesidades de inversión que enfrentarán ambas regiones durante los próximos años.

En particular, Coquimbo concentra la mayor proporción de recursos previstos, debido a la magnitud de las intervenciones proyectadas en infraestructura vial, vivienda y recuperación urbana.

Uno de los principales desafíos será asegurar que las asignaciones presupuestarias se traduzcan efectivamente en obras ejecutadas, especialmente en aquellos sectores donde la conectividad y los servicios básicos resultaron afectados.

La discusión del Presupuesto 2027 será clave para determinar la disponibilidad y programación de los recursos que permitan avanzar en esta reconstrucción, cuyo costo total se estima en $576 mil millones.

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El mercado laboral chileno continúa mostrando señales de debilitamiento. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2026, la tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,8%, registrando un incremento de 1,3 puntos porcentuales en doce meses y su nivel más alto desde 2021.

La cifra refleja un aumento de 15,3% en las personas desocupadas y una reducción de 1,1% en el número de trabajadores ocupados. A ello se suma que el desempleo femenino llegó al 10,5%, mientras que entre los hombres alcanzó el 9,3%.

En la Región de Coquimbo, la situación también genera preocupación. El desempleo llegó al 9%, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales en un año, mientras que la cantidad de personas desocupadas creció 18,6%.

CARLOS SMITH: “SE DESTRUYÓ EMPLEO NUEVAMENTE”

El economista Carlos Smith advirtió que los resultados nacionales fueron peores de lo esperado y evidencian un problema que va más allá de los movimientos habituales del mercado laboral.

Según explicó, esperaba una tasa de desempleo de entre 9,4% y 9,6%, por lo que el resultado de 9,8% confirma un escenario más complejo.

Smith sostuvo que el deterioro no puede atribuirse exclusivamente a factores estacionales, considerando que la tasa de desocupación corregida por estacionalidad también aumentó dos décimas.

“El deterioro que muestra el mercado laboral es real, es de verdad”, señaló.

Para el economista, uno de los antecedentes más preocupantes es que el desempleo no está aumentando únicamente porque existan más personas buscando trabajo, sino porque se están perdiendo puestos laborales.

“No es que haya más gente buscando trabajo, es que se destruyó empleo nuevamente”, enfatizó.

En su análisis, sostuvo que durante el último año se contabilizan 103 mil personas ocupadas menos, a las que se suman 113 mil personas adicionales fuera de la fuerza de trabajo.

También advirtió que, si la participación laboral se hubiese mantenido, la tasa de desempleo podría situarse en torno al 10,3%.

COQUIMBO: MENOS EMPLEO FORMAL Y MAYOR INFORMALIDAD

El panorama regional presenta dificultades adicionales. Si bien Coquimbo registra una tasa de desempleo inferior a la nacional, la cantidad de personas desocupadas aumentó proporcionalmente más que en el conjunto del país.

De acuerdo con el INE, la ocupación regional cayó 0,9% en doce meses, mientras que la tasa de informalidad laboral alcanzó el 29,2%, superando el promedio nacional de 26,4%.

Entre los sectores que incidieron en la pérdida de puestos de trabajo destacan administración pública, actividades de salud y servicios de alojamiento y comidas.

El retroceso de este último sector adquiere especial importancia para Coquimbo, considerando la relevancia económica del turismo y la gastronomía.

LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN Y EL DETERIORO DE LA CALIDAD DEL EMPLEO

Carlos Smith identificó entre los principales problemas la reducción de puestos de trabajo en actividades vinculadas a la inversión y el aumento de formas de contratación más precarias.

En particular, destacó las caídas del empleo en la industria manufacturera, información y comunicaciones, y actividades financieras.

El economista explicó que la menor inversión de meses anteriores puede manifestarse posteriormente en una reducción de las contrataciones, debido al tiempo que transcurre entre las decisiones empresariales y sus efectos sobre el empleo.

Sin embargo, afirmó que el problema no se limita a la cantidad de puestos disponibles.

Según su análisis, mientras los trabajadores asalariados formales disminuyeron 2,5%, se observa un crecimiento de algunas categorías de trabajadores independientes y contratistas dependientes.

“No es solamente menos empleo, es empleo más precario”, advirtió Smith.

Otro aspecto que destacó es el impacto en las nuevas generaciones. De acuerdo con las cifras expuestas por el especialista, la ocupación de personas entre 15 y 24 años disminuyó 6%, mientras que quienes buscan trabajo por primera vez aumentaron 25%.

A su juicio, este escenario dificulta especialmente el ingreso de los jóvenes al mercado laboral.

¿QUÉ PROPONE EL GOBIERNO PARA REVERTIR EL DESEMPLEO?

Frente al deterioro de las cifras, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast impulsa el plan Chile Despega, presentado a fines de septiembre, que contempla recursos por $1,3 billones y tiene como objetivo generar más de 100 mil empleos.

La estrategia considera acelerar proyectos de infraestructura y obras públicas, ampliar subsidios a la contratación, facilitar financiamiento a pequeñas y medianas empresas mediante FOGAPE y mejorar la liquidez de proveedores del sector público.

Entre las medidas anunciadas se encuentra una inyección adicional de $800 mil millones para obras de rápida ejecución y nuevos instrumentos destinados a incentivar la contratación.

No obstante, la generación de los empleos comprometidos dependerá de la implementación efectiva del programa, la ejecución de inversiones y la respuesta de las empresas.

ECONOMISTA ADVIERTE QUE LA RECUPERACIÓN NO SERÁ INMEDIATA

Respecto de los próximos meses, Carlos Smith planteó que la debilidad de la actividad económica, los riesgos inflacionarios y el comportamiento de la inversión podrían dificultar una recuperación rápida del empleo.

También sostuvo que las variaciones favorables que puedan registrarse durante el verano deben analizarse con precaución, debido a la contratación temporal asociada a la temporada.

“Vamos a tener un verano donde la tasa va a mejorar algunas décimas por temporada, lo cual no es recuperación, es calendario”, explicó.

Para la Región de Coquimbo, donde el desempleo se mantiene en 9% y la informalidad supera el promedio nacional, el principal desafío será traducir los anuncios de inversión y reactivación en empleos efectivos, especialmente para jóvenes, mujeres y trabajadores de los sectores económicos más afectados.

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Preocupación existe en el sector económico de la Región de Coquimbo luego de que el Gobierno decretara una emergencia preventiva por la posible aparición o expansión de floraciones algales nocivas, conocidas como marea roja, en 15 regiones del país. La medida comenzará a regir el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de junio de 2027, coincidiendo con uno de los períodos de mayor actividad turística y gastronómica de la zona.

Aunque la declaración tiene carácter preventivo y no significa que actualmente exista contaminación generalizada en los productos del mar, su anuncio genera inquietud por las consecuencias que podría tener sobre el comportamiento de los consumidores, especialmente ante la cercanía de la temporada estival.

La principal preocupación apunta al efecto económico que podría provocar una eventual disminución en la demanda de pescados y mariscos, impactando no solo a restaurantes y locales gastronómicos, sino también a proveedores, comerciantes y trabajadores vinculados a esta cadena productiva.

En este contexto, Marco Carrasco, presidete de Hotelga y la Multigremial regional, advirtió sobre la necesidad de actuar rápidamente para evitar que una medida de prevención sanitaria termine generando incertidumbre comercial y afectando las expectativas del sector turístico.

“Esperamos prontamente reunirnos con la autoridad sanitaria, de tal manera de analizar esta emergencia preventiva y todo lo que significa este plan, para poder monitorear y entregar certeza a los clientes, a la comunidad, dar tranquilidad también para aquellos que quieran consumir estos productos del mar”, señaló.

Para el sector económico, resulta fundamental que las autoridades entreguen información precisa y oportuna sobre los alcances de la emergencia, especialmente respecto de las condiciones sanitarias de los productos del mar y las eventuales restricciones que pudieran aplicarse.

La preocupación no se limita a una posible emergencia sanitaria. También considera el impacto que podría provocar la percepción de riesgo entre los consumidores, incluso si los productos comercializados cuentan con las autorizaciones correspondientes.

Carrasco fue enfático en advertir que una situación de incertidumbre prolongada podría perjudicar el desempeño económico durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

“Porque si no, se va a transformar en un dolor de cabeza para los restaurantes, para el sector productivo, y eso creo que pone en riesgo el trabajo, pone en riesgo las ventas, pone en riesgo todo el dinamismo económico del cual se espera, sobre todo para la temporada alta”, sostuvo.

La advertencia instala una preocupación adicional para la Región de Coquimbo: el impacto que una eventual caída del consumo podría generar en la contratación de trabajadores, el abastecimiento de establecimientos gastronómicos y los ingresos asociados al turismo de verano.

En ciudades como La Serena y Coquimbo, donde la gastronomía vinculada a los productos del mar constituye parte importante de la oferta turística, la confianza de los consumidores será un factor relevante para el desarrollo de la temporada.

Por esta razón, el sector espera establecer una coordinación con la autoridad sanitaria que permita conocer los mecanismos de monitoreo, las condiciones de comercialización y las medidas que se adoptarían ante eventuales detecciones de toxinas marinas.

Por ahora, la emergencia preventiva no implica una prohibición general de extracción, venta o consumo de mariscos en la Región de Coquimbo. Las eventuales restricciones deberán establecerse según los resultados del monitoreo y las decisiones de la autoridad competente.

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El próximo 2 de noviembre será una fecha decisiva para los gobiernos regionales, luego de que la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos acordara este martes postergar la votación de la Partida 31, correspondiente al financiamiento de las regiones, con el objetivo de permitir una nueva negociación entre el Ministerio de Hacienda y los gobernadores.

La decisión se produce después del empate registrado el lunes 19 de octubre, cuando la propuesta presupuestaria del Ejecutivo no consiguió los votos necesarios para avanzar en la subcomisión, evidenciando las diferencias respecto de los recortes planteados para el próximo año.

El acuerdo abre un espacio de negociación para revisar los montos y las condiciones de financiamiento, pero todavía no asegura una restitución de recursos ni establece cuánto recibirá finalmente cada región.

En el caso de Coquimbo, el proyecto original consideraba $98.293 millones para 2027, frente a los $105.304 millones de 2026. Esto representa una disminución cercana a los $7.012 millones, equivalente a un 6,7% nominal.

Por ello, la negociación que se desarrollará durante los próximos días será fundamental para establecer si el Gobierno está dispuesto a revertir total o parcialmente esa reducción.

HACIENDA Y GOBERNADORES TENDRÁN DIEZ DÍAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN

El entendimiento contempla una mesa formal de trabajo con representantes del Ejecutivo y los gobiernos regionales, destinada a revisar los criterios de distribución presupuestaria y buscar una fórmula que permita destrabar la discusión legislativa.

La presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta, senadora Yasna Provoste, destacó la apertura de este espacio de diálogo, luego de que las diferencias entre el Gobierno y los representantes regionales impidieran aprobar la partida en su formulación original.

Uno de los puntos centrales será determinar cuánto de los recortes iniciales puede ser revertido y qué mecanismos permitirán recuperar recursos durante el próximo año.

En Ñuble, por ejemplo, el Gobierno Regional informó que la nueva base de negociación considera una reducción aproximada de 3% respecto de 2026, en lugar del 8,7% inicialmente propuesto. Sin embargo, esa fórmula todavía no ha sido confirmada para Coquimbo.

COQUIMBO ENFRENTA NEGOCIACIÓN EN MEDIO DE NECESIDADES DE RECONSTRUCCIÓN

Para la Región de Coquimbo, el resultado de las conversaciones adquiere especial relevancia por las necesidades de inversión y reconstrucción surgidas tras los temporales de julio.

A la discusión por los recursos ordinarios del Gobierno Regional se suma la necesidad de precisar cómo se distribuirán los fondos extraordinarios destinados a recuperar infraestructura dañada.

El proyecto presupuestario contempla un Fondo de Reconstrucción Norte por $121.922 millones, compartido entre Coquimbo y Atacama. Hasta ahora, sigue pendiente conocer cuánto corresponderá específicamente a cada territorio y qué obras podrán ejecutarse con ese financiamiento.

Ambas discusiones son relevantes, pero diferentes: los recursos extraordinarios para reconstrucción no reemplazan necesariamente los fondos que el Gobierno Regional requiere para financiar su cartera habitual de inversiones.

EL 2 DE NOVIEMBRE 

La postergación permitirá evitar, por ahora, una definición legislativa sin acuerdo y entregar un nuevo plazo a Hacienda para presentar una fórmula que concite respaldo parlamentario. No obstante, la mesa de negociación deberá traducir los compromisos políticos en cifras concretas.

Para Coquimbo, las definiciones pendientes incluyen el monto definitivo del presupuesto regional, la eventual recuperación de los $7 mil millones inicialmente recortados, las condiciones de ejecución de los recursos y el financiamiento de proyectos comprometidos.

El 2 de noviembre será, por tanto, el primer examen concreto del acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores: establecer si la negociación logra modificar efectivamente los recursos contemplados para las regiones o si persisten las diferencias que han mantenido detenida la votación.

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