KAST ANUNCIA NUEVA LEY PARA FRENAR ALZA DE COMBUSTIBLES: ¿QUÉ CAMBIA RESPECTO AL MEPCO Y CUÁNTO LE COSTARÁ AL ESTADO?
El Gobierno busca limitar a $20 por litro las futuras alzas de las bencinas y el diésel durante 90 días. Sin embargo, la iniciativa no reemplaza al actual MEPCO, mecanismo que ya ha significado un impacto fiscal de $1,1 billones en apenas tres meses. El anuncio se produce en medio de movilizaciones de camioneros y una creciente preocupación por el costo de la vida.
El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes 9 de noviembre el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca contener las sucesivas alzas de los combustibles, estableciendo un límite de $20 por litro para los incrementos que se registren durante los próximos 90 días.
La medida, que será presentada con discusión inmediata, surge en medio de las presiones del sector del transporte, las movilizaciones de camioneros en distintas zonas del país y el impacto que los precios de las bencinas y el diésel están provocando en los presupuestos familiares.
No obstante, el anuncio abre una interrogante económica: ¿qué diferencia existe entre esta nueva iniciativa y el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que ya funciona en Chile y utiliza recursos fiscales para amortiguar las alzas?
La principal diferencia está en la magnitud de los incrementos permitidos. Mientras el MEPCO regula las variaciones de precios mediante ajustes al impuesto específico y otros instrumentos de estabilización, la propuesta del Ejecutivo pretende incorporar una protección temporal más estricta, impidiendo que los futuros aumentos superen los $20 por litro.
ESTE JUEVES LOS COMBUSTIBLES SUBIRÁN HASTA $40 POR LITRO
Antes de que comience a operar la eventual nueva legislación, el Gobierno confirmó que utilizará el margen disponible dentro del actual MEPCO para contener el ajuste previsto para este jueves 12 de noviembre.
De acuerdo con lo informado por el Presidente Kast, las bencinas y el diésel registrarán un aumento de hasta $40 por litro, correspondiente al mínimo técnico que permite aplicar la normativa vigente en las condiciones actuales.
La decisión busca evitar incrementos mayores, particularmente en el diésel, para el cual existían proyecciones de aumentos de entre $70 y $90 por litro.
El proyecto anunciado este lunes apunta a que los ajustes posteriores, durante un período de tres meses, no sobrepasen los $20 por litro en cada oportunidad.
Sin embargo, esto no significa que los combustibles dejarán de subir ni que sus precios experimentarán una rebaja. La propuesta busca moderar la velocidad de los incrementos y distribuir su impacto a lo largo del tiempo.
EL MEPCO YA HA COSTADO $1,1 BILLONES EN TRES MESES
Uno de los antecedentes más relevantes del anuncio corresponde al esfuerzo fiscal que actualmente realiza el Estado para estabilizar los precios.
Según las cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda, entre agosto y octubre de 2026 el funcionamiento del MEPCO representó un impacto fiscal de aproximadamente $1,1 billones, considerando subsidios y recursos que el Estado dejó de recaudar.
De ese total, $860 mil millones correspondieron a la contención del precio del diésel.
Hacienda informó además que, durante ese período, el precio del diésel se mantuvo en promedio $280 por litro por debajo de su valor de paridad internacional. De esa diferencia, $110 correspondieron a una menor recaudación del impuesto específico y $170 a subsidios directos del Estado.
Por lo tanto, el proyecto anunciado por Kast no representa el inicio de una política de apoyo fiscal a los consumidores, sino una profundización temporal de un mecanismo de estabilización que ya se encuentra operativo.
La pregunta pendiente es cuánto dinero adicional deberá aportar el Fisco para cumplir con el nuevo límite y de dónde provendrán esos recursos.
¿QUIÉNES SE BENEFICIAN CON LA NUEVA MEDIDA?
En principio, la iniciativa favorecería a todos los consumidores de gasolinas y diésel, desde conductores particulares hasta empresas de transporte de pasajeros y carga.
Sin embargo, el beneficio monetario absoluto será distinto según el volumen de combustible utilizado.
Por ejemplo, si una persona carga 40 litros y el incremento se reduce de $40 a $20 por litro, evitará un gasto adicional de $800 en esa carga. En cambio, un transportista que abastezca su vehículo con 500 litros evitará un aumento de $10.000 por la misma diferencia de precios.
Esto demuestra que el beneficio por litro es uniforme, pero el ahorro total aumenta con el consumo.
El efecto también puede extenderse indirectamente a los precios de bienes y servicios, considerando que el costo del transporte influye en la distribución de alimentos, productos y mercancías. No obstante, no existe una garantía de que la menor alza del diésel se traduzca automáticamente en menores precios para los consumidores.
LA GRAN INTERROGANTE: ¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE LOS 90 DÍAS?
Uno de los puntos que deberá ser examinado durante la discusión parlamentaria es la duración de la medida.
El Gobierno espera que las presiones internacionales sobre los combustibles disminuyan durante los próximos meses, permitiendo que la situación comience a estabilizarse hacia enero.
Sin embargo, si los valores internacionales se mantienen elevados, el término de la protección extraordinaria podría generar nuevas presiones alcistas sobre los precios internos.
En ese escenario, el Congreso tendrá que evaluar no solamente el beneficio inmediato para los consumidores, sino también la sostenibilidad fiscal del mecanismo y las condiciones bajo las cuales finalizará su aplicación.
También falta precisar cómo se calculará el límite de $20, qué instrumentos legales se modificarán y si existirán disposiciones adicionales para evitar aumentos acumulados una vez que concluya la medida.
MOVILIZACIÓN DE CAMIONEROS
La propuesta presidencial se conoce en un escenario de creciente tensión con sectores del transporte de carga.
Durante este lunes se registraron movilizaciones de camioneros en la zona centro-sur del país, quienes han cuestionado las sucesivas alzas del diésel y las dificultades para trasladar estos incrementos a sus tarifas.
El Ejecutivo busca responder a esta presión mediante una medida que no solamente favorezca a los transportistas, sino que también entregue una señal de contención del costo de la vida a los hogares.
Pese a ello, el anuncio no resuelve necesariamente el problema estructural que enfrenta el país: su exposición a las variaciones internacionales del petróleo y a los efectos del tipo de cambio sobre los precios internos.