Graves denuncias en residencia de mujeres en La Serena: acusan maltrato, negligencia y condiciones indignas

Desde intervenciones psicológicas revictimizantes hasta negligencia en la atención psicosocial y jurídica, represalias por presentar reclamos y graves deficiencias en infraestructura e insumos básicos. Las denuncias apuntan a la residencia de mujeres de Fundación Mi Casa, en La Serena. El CESFAM Emilio Schaffhauser presentó una denuncia por posible vulneración de derechos humanos.

Una serie de denuncias han comenzado a emerger desde una residencia transitoria de mujeres ubicada en La Serena, administrada por Fundación Mi Casa en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). A través de testimonios entregados a Radio Guayacán, se reclaman graves vulneraciones a los derechos de las residentes, muchas de las cuales llegaron al lugar huyendo de situaciones de violencia intrafamiliar.

Estas mujeres son derivadas por la Fiscalía como medida de resguardo frente al peligro que representan sus agresores mientras se desarrollan sus causas por violencia intrafamiliar. Por tratarse de residencias de carácter confidencial, su objetivo es brindar protección integral, apoyo psicosocial y un entorno seguro durante el proceso judicial. Sin embargo, lejos de recibir contención y acompañamiento, las denunciantes aseguran haber sido expuestas a nuevas formas de maltrato y violencia institucional. La residencia en cuestión es dirigida por Elsa López García, quien encabeza el equipo a cargo del recinto administrado por Fundación Mi Casa.

Sandra, una de las residentes, relata cómo no ha podido recibir adecuadamente su medicación, a pesar de contar con receta médica.“Yo tengo hipertensión y también me recetaron medicamentos psicotrópicos que eran suministrados por las funcionarias. Muchas de ellas tenían acceso a ellos sin ser enfermeras. Varias veces mis tabletas aparecían partidas por la mitad, y hubo días en que simplemente no me entregaban la dosis. Una compañera estuvo un mes sin su tratamiento. Fui yo quien tuvo que acompañarla al CESFAM para que pudiera continuar con su terapia”, afirma.

También señala que, “una de las usuarias comenzó a reclamar por su situación, y la psicóloga le advirtió que la internarían. Incluso redactó una carta inventando que la joven había dicho que la única forma de salir de ahí era suicidándose, con el fin de justificar una internación. Eso no era cierto. Finalmente, rompió el documento, pero le advirtió que no siguiera reclamando”.

Sandra también denuncia las condiciones en que se encontraba el establecimiento “Teníamos que hacer turnos para tomar té porque no había suficiente loza para que todas pudiéramos comer. Los baños estaban en mal estado; en el mío, el agua del WC se salía, y las duchas tampoco funcionaban bien. No había leche para las niñas que llegaban con hijos. Incluso los hijos de una de las residentes dormían en una cama rota, era como un hoyo, al lado de un enchufe en mal estado, lo que representaba un riesgo de electrocución. Muchas veces teníamos que cocinar con verduras con hongos, y el refrigerador estaba vacío; no teníamos nada para ponerle al pan”, relata.

Tras entregar su testimonio a Radio Guayacán y levantar reclamos formales, Sandra fue expulsada de la residencia. Hoy, se ha visto obligada a regresar a la misma zona donde se encuentra su agresor, lo que no solo pone en riesgo su seguridad física y emocional, sino que también contradice el propósito de protección que debiesen garantizar estos espacios.

Otra denunciante, que solicitó mantener su identidad en reserva, afirma haber sido humillada y estigmatizada por su historial, sin recibir el acompañamiento profesional que prometen estos programas. “Yo tenía que hacerme un examen de transmisión sexual. Finalmente, fui por mi cuenta al CESFAM y lo gestioné sola. Me asignaron una abogada para la querella contra mi agresor, pero nunca la presentó. Pedí el cambio de profesional. Observé muchas irregularidades: llegaban tarde, se quedaban un rato tomaban té, se reían, pero no hacían ninguna gestión. Vi a mis compañeras angustiadas porque sus causas no avanzaban. Además, llegaba ropa donada y las funcionarias se la probaban primero, se quedaban con lo mejor y luego vendían el resto a las residentes por $200 o $500, diciendo que era parte de un ‘círculo virtuoso’”, relata.

También denuncia estigmatización hacia mujeres con antecedentes de consumo de sustancias. “A una compañera la tildaron de drogadicta por consumir marihuana. En vez de apoyarlas, las hacían sentir menos. No daban herramientas para mejorar. En cambio, las intimidaban. Muchas viven con miedo a ser expulsadas, porque muchas de ellas, y me incluyo, son enviadas desde otras regiones para que sus agresores no las encuentren. Entonces, si te echan, no tienes un círculo que te proteja, porque no somos de acá. Ya echaron a una señora porque reclamó que no había azúcar; la directora llamó a Carabineros y llegaron como diez efectivos para sacarla”.

Agrega que la psicóloga del recinto revelaba detalles confidenciales de las terapias y estigmatizaba a las usuarias en espacios compartidos, rompiendo la confidencialidad del proceso terapéutico. Asegura, además, que muchas de las consultas eran realizadas por WhatsApp, mediante mensajes de audio o texto, en lugar de sesiones presenciales.“Me recomendaba películas sobre asesinos en serie y violadores para ‘analizarlas’, pero eso solo me hacía revivir el trauma. Salía de esas sesiones peor que como entré”, relata.

Una denuncia formal fue presentada por un profesional del CESFAM Dr. Emilio Schaffhauser, quien atendió a una usuaria del recinto. En su declaración, el trabajador social Christian Ledezma explicó que: “En el contexto de una atención realizada a una usuaria en el centro de salud familiar, se efectuó una primera entrevista exploratoria, en la cual se identificaron elementos que, desde una perspectiva de derechos humanos, dan cuenta de posibles situaciones de vulneración. Como parte del deber profesional y ético de quienes trabajamos en salud pública, corresponde derivar este antecedente a las entidades competentes, con el objetivo de que se investigue y evalúe la situación”.

Las denunciantes exigen una intervención urgente de las autoridades nacionales, incluyendo una fiscalización directa en terreno y una revisión exhaustiva del funcionamiento de estas residencias.

SernamEG se refirió a los hechos mediante un comunicado de prensa entregado a Radio Guayacán, en el que señalaron que se han implementado medidas para asegurar el adecuado funcionamiento de la residencia, incluyendo trabajos de mantención y mejoras en la infraestructura. Afirmaron que, desde este año, la gestión del recinto está a cargo de un nuevo ejecutor, la Fundación Mi Casa, con quienes mantienen una colaboración estrecha para fortalecer los estándares del servicio. La institución aseguró estar comprometida con la restitución de derechos y con ofrecer un entorno seguro y digno para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, aunque no abordó directamente las denuncias específicas expuestas por las usuarias.