Diversas reacciones ha provocado el Informe Final N°9 / 2021 de la Controlaría General de República que se dio a conocer este lunes contra la municipalidad de Coquimbo y que acredita una deuda de 24 mil 255 millones de pesos del municipio, junto a otras irregularidades más, un hecho que no es aislado, ya que el órgano contralor también investiga a otras municipalidades del Chile.
Al respecto, el abogado Gabriel Osorio, Magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile, indicó que en el caso de la comuna puerto, efectivamente hay un problema administrativo. “Administrativamente aquí hay un problema y es por eso que la propia Contraloría, a raíz de este informe final, ordena realizar sumarios administrativos, sobre la responsabilidad que puedan tener los funcionarios”, afirmó el abogado.
“Hay un problema de procedimiento en algunos aspectos, pero esta falta a los procedimientos tiene pueden detener como origen, según lo que determiné la Contraloría, faltas a los deberes de funcionarios que establece la ley, sobre el cumplimiento de responsabilidades administrativas”, agregó Osorio.
Sobre la responsabilidad que podría tener el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, el experto explicó que las leyes que establecen los deberes especiales que tiene el alcalde y como responde de responsabilidad administrativa, ante el ejercicio de sus funciones. “Él es un funcionario público, en este caso, corresponderá a la justicia electoral, si es llevado por los concejales, determinar si tuvo o no responsabilidad administrativa, pero cuando se inicia un sumario administrativo, tal como lo solicitó Contraloría o si se evaluará la generación un reparo, es decir, devolver los dineros, es porque evidentemente podría haber una responsabilidad administrativa sobre estos hechos”, señaló el abogado.
En cuanto a la alteración del reloj control para pagar horas extras, Osorio descartó que sea un problema de procedimiento administrativo, sino una vulneración a las normas de la correcta administración. “La Contraloría señala específicamente que hay una violación al principio de legalidad del gasto y eso acarrea responsabilidad administrativa. Una de las causales del cese del cargo a alcalde por abandono de deberes es la afectación al patrimonio municipal”, indicó.
Asimismo, sobre la responsabilidad que tienen los concejales municipales, el abogado aclaró que las características del concejo municipal es ser un órgano fiscalizador, pero que las facultades que entrega la ley son bastante esquivas, ya que deben aprobar o rechazar las propuestas del alcalde. “De hecho, muchas veces los concejales, por si mismos terminan pidiendo por transparencia, cuando algunos funcionarios municipales que están obligados a entregar la información al concejo, esto no se produce”, finalizó Gabriel Osorio.
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