Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización en contra de J.A.C.T. por su presunta responsabilidad en un delito de parricidio en contra de su hijo de siete años, a quien trasladó hasta el CESFAM de Punitaqui, luego que -según Carabineros- lo golpeara y el menor comenzara a convulsionar.
El fiscal Carlos Jiménez, en la audiencia señaló que la mujer se encontraba con sus dos hijos, de siete y cinco años en su vivienda ubicada en calle El Estero sin número, en el sector Cancha de Higuerita, donde sin motivo alguno comenzó a agredir al mayor de los niños.
“Comenzó a agredirlo con múltiples y fuertes golpes que le dio utilizando elementos contundentes tales como cinturones, una cuchara de madera, golpes de pies y manos en distintas partes del cuerpo”, indicó el persecutor.
Jiménez agregó que dichas agresiones provocaron “múltiples hematomas, equimosis, escoriaciones en casi todo su cuerpo. Erosiones en la región facial. Múltiples equimosis y erosiones en región cervical y toráxica. Múltiples equimosis en el abdomen, brazos, piernas y glúteos”.
“Lesiones que atendida la cantidad le provocaron la muerte al menor M.A.C.C. por edema pulmonar traumático por politraumatismo antes de recibir atención médica”, detalló el fiscal de Ovalle.
Hechos que para el Ministerio Público configuran un delito de parricidio en contexto de violencia intrafamiliar que se le atribuye en calidad de autora y en grado de desarrollo consumado. Por lo que la fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la libertad de la mujer es un peligro para la sociedad.
Patricia Muñoz, defensora de la Niñez y querellante en este caso, se adhirió a la solicitud de prisión preventiva en contra de J.A.C.T. no sólo por considerarla un peligro para la sociedad, sino que también para el otro hijo de la imputada.
Muñoz se detuvo en el relato de una de las doctoras que realizó maniobras de reanimación por casi treinta minutos a M.A.C.C., señaló que el niño “venía muy frio, con livideces y rigidez en zonas declives, razón por la que ella presume que la muerte del niño tenía una data de una a dos horas”.
Robin Valenzuela, abogado defensor de J.A.C.T, no se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ¿Por qué?
“Nadie puede desconocer la gravedad del hecho. Tuve la posibilidad de conversar con mi representada ella está en condiciones sicológicas muy devastadas. Ha sido muy difícil nuestra comunicación. Son muchos los antecedentes que se han entregado”, explicó Valenzuela
“Esta defensa entiende que la factibilidad de crear pruebas conforme a lo que en el futuro estime pertinente realizar, necesariamente va a necesitar de un tiempo prudente. No vamos a hacer cuestionamiento a la solicitud procesal. Creemos que será necesario conversar detalladamente con mi representada”, añadió la defensa de la imputada.
En la audiencia de formalización, desde Gendarmería solicitaron que la imputada por el delito de parricidio en contexto de violencia intrafamiliar sea trasladada desde el Centro de Detención Preventiva de Ovalle al Complejo Penitenciario de Huachalalume en La Serena.
Jessica Vargas, abogada de Gendarmería, indicó que esta petición se debe a que J.A.C.T. ha recibido amenazas de muerte por parte de otras internas de la cárcel limarina.
“Cuento con un manuscrito escrito por ella, en el que relata el maltrato verbal y amenazas de muerte que ha recibido en dos ocasiones desde que ingresó. Ella se encuentra en cuarentena preventiva por el ingreso reciente a la unidad penal”, dijo Vargas.
“Hay un sólo patio en el cual están condenadas e imputadas en el CDP de Ovalle, por lo cual existe cero posibilidades de segregación y de clasificación. Por tanto, solicitamos el traslado de la interna al Complejo Penitenciario de La Serena, lugar en el cual tendrá mejores condiciones de segregación”, finalizó la abogada de Gendarmería.
El magistrado Darío Díaz acogió la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva. Además, ordenó el ingreso de la imputada al Centro de Detención Preventiva de Ovalle, donde deberá permanecer en aislamiento en prevención de contagio del Covid-19, y luego ser trasladada al complejo penitenciario Huachalalume de La Serena.
El Juzgado de Garantía de Ovalle, fijó un pazo de investigación de 90 días.
