Este miércoles, los concejales de la Municipalidad de La Serena: Daniela Molina, Rayen Pojomovsky, Camilo Araya y Daniel Palominos; presentaron una solicitud de destitución en el Tricel contra el alcalde de la comuna, Roberto Jacob, por notable abandono de deberes, debido al no pago reiterado de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, de cuyo Directorio es presidente el edil.
Según los argumentos presentados en el documento, en el Informe Final de Auditoría N° 477-2021 de la Contraloría Regional de Coquimbo, la cual determinó que la referida autoridad comunal informaba, al menos desde 2016, una deuda previsional ostensiblemente inferior a la que realmente tiene la mencionada Corporación. Al 31 de diciembre del año 2020, la deuda informada por el Municipio rondaba los $7.000 millones, en circunstancias que la deuda efectiva excede los $13.000 millones, incluyendo los reajustes, intereses, multas, costas y gastos de cobranza de dicha deuda.
A lo anterior, también debe agregarse la suma cercana a $500 millones mensuales que, desde enero del 2021 en adelante, incrementa la deuda previsional, monto que sólo comprende el valor nominal a la deuda y a la que hay que agregar los reajustes, intereses, multas, costas y gastos de cobranza que se generan por la falta de pago de dichas cotizaciones, costo que sería de, aproximadamente, $1.000.000.000 mensuales.
Entre otras irregularidades, el informe de la Contraloría Regional determinó la existencia de un total de 364 procesos judiciales de cobranza previsional seguidos contra la Corporación Municipal ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de La Serena. También advirtió que la mencionada Corporación, tras suscribir convenios de pago con las Instituciones Previsionales, les entregaba cheques para el pago de las cuotas acordadas y que luego eran protestados por falta de fondos por los bancos respectivos.
Los Concejales también acusan que desde 2016 el Alcalde omite en sus cuentas públicas anuales toda información relativa al déficit previsional que arrastra la Corporación Gabriel González Videla, déficit este que se vio incrementado a partir de dicho año. Según los datos de la última cuenta pública rendida en abril de 2021, la Municipalidad informa un presupuesto anual de casi $72.000 millones y un déficit que excede los $241.000 millones. Es decir, la deuda, al 31 de diciembre de 2020, representaba, aproximadamente, tres veces el presupuesto anual de la Municipalidad.
El requerimiento presentado por los Concejales tiene por objeto que el aludido Tribunal Electoral Regional constate el notable abandono de deberes del alcalde Roberto Jacob, ordenando su destitución como máxima autoridad de la comuna y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de 5 años.
Por su parte, los abogados defensores del edil, serán José Antonio Gómez e Isidro Solís.
Nuestro medio trató de contactar al alcalde Jacob, pero descartó hablar por el momento.
El abogado que representa a los concejales, Ricardo Sacan Montecinos, ejemplificó la situación de la Corporación GGV comparando con la del municipio de Coquimbo.
“La Corporación (GGV) tiene juicios por 2020-2021 por deudas previsionales de más de $4 mil millones para cerca de 3.300 funcionarios que prestan servicio. Sin embargo, Coquimbo tiene 3.700 trabajadores de la salud y educación; y los juicios de este momento son por $500 millones, entonces si fuera un déficit estructural, también la corporación municipal de Coquimbo tendría los mismos inconvenientes, por lo tanto, es una cuestión de mal manejo financiero”, señaló el abogado.
Por su parte, el concejal Camilo Araya, manifestó que “hay más de 300 procesos judiciales abiertos por demanda de no pago de cotizaciones, situación única en Chile. Además, cuando se llega a algún acuerdo en los procesos judiciales, se les paga, pero con cheques sin fondo, protestado, lo que agrava aun más la situación”.
Asimismo, el concejal Daniel Palominos criticó el actuar de concejales antecesores. “Los concejales anteriores debieron haber realizado esta pega antes, incurrieron, principalmente el alcalde, en el notable abandono de deberes. No hicieron la pega que les corresponde para fiscalizar y resguardar los dineros públicos”, cuestionó Palominos.
La concejala Rayen Pojomovsky indicó que “si bien se han realizado acciones como cambiar al Secretario General de la Corporación, las solicitudes al ministerio para que las retenciones fueran entregadas y cancelar parte de la deuda, pero esto viene hace muchos años, es una deuda que ha mermado la vida de muchos funcionarios”.
Finalmente, la concejala Daniela Molina enfatizó que “el Informe de la Contraloría es contundente en argumentos, es categórico en indicar que hay una deuda previsional que no ha sido informada en las Cuentas Públicas anteriores (…) la municipalidad se encuentra en una situación catastrófica”.
