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380 solicitudes de libertad son revisadas por la Corte de Apelaciones de La Serena

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La primera de cuatro sesiones para revisar las solicitudes de internos de los centros
penitenciarios de la región de Coquimbo, que buscan acceder al beneficio de libertad
condicional, inició hoy –lunes 3 de abril- la comisión de la Corte de Apelaciones de La Serena.
Encabezada por el presidente del tribunal de alzada, Felipe Pulgar Bravo, e integrada por dos
juezas orales, dos jueces de Garantía y la secretaria de la Corte, que actúa como ministra de
fe, la comisión revisará hasta el próximo 6 de abril un total de 380 solicitudes: 342
provenientes del centro penitenciario de La Serena, 26 de Ovalle y 16 de Illapel.
“Debemos recordar que se trata de un beneficio, no de un derecho, que está establecido en el
Decreto Ley 321, que es un texto antiguo de 1925 y que ha sufrido algunas modificaciones.
Por lo tanto, la comisión ya tuvo una reunión preparatoria donde se establecen ciertos
criterios para ir resolviendo uno a uno los casos, en términos de establecer los plazos
conforme a los cuales los condenados pueden postular este beneficio y cuáles van a ser las
consideraciones que, sobre todo, vamos a enfatizar en los informes que tiene que rendir
Gendarmería, que de acuerdo al propio texto legal es el gran elemento central para otorgar o
no este mismo beneficio”, indicó el ministro Pulgar.
En ese sentido, para postular los internos debe cumplir con una serie de exigencias
establecidas por ley, tales como haber cumplido la mitad de la que se le impuso por sentencia
definitiva, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple
la condena o mantener una actividad laboral y/o haber asistido con regularidad y provecho a la
escuela del establecimiento.
“Hay que enfatizar que esto no extingue la responsabilidad penal del acusado o del
condenado, sino que le permite cumplir el resto de la pena que le falta, digamos, para enterar
el total en el medio libre, pero siempre sujeto a los controles de Gendarmería de Chile”,
agregó Pulgar.
De esta manera, los condenados quedan bajo la supervisión de personal especializado de
Gendarmería, con la obligación de firmar en el Centro de Apoyo para la Integración Social, CRS,
o la unidad más cercana al lugar de residencia.
De acuerdo a lo establecido por ley, la comisión debe sesionar dos veces en el año, es así como
en abril de 2022 fueron recibidas 393 solicitudes, de las que se otorgaron 41 (10,4 por ciento),
y en octubre se recepcionaron 367, aprobando 59 (16,1 por ciento).

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