Fiscalía registró 1.241 entrevistas en el sistema de entrevistas videograbadas a dos años de la implementación de la Ley en la región de Coquimbo

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A dos años del inicio -en junio de 2021- de la ley 21.057, conocida como Ley de Entrevista Videograbada en la región de Coquimbo, la Fiscalía registró en la fase investigativa un total de 1.241 entrevistas.

La Ley de Entrevistas Videograbadas creó un nuevo marco normativo para denunciar, investigar y juzgar los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Ellos, antes de esta legislación, debían repetir en múltiples ocasiones sus testimonios durante todo el proceso judicial, frente a personal no especializado y en lugares poco adecuados, causándoles daños adicionales al que ya sufrieron como víctimas de delitos graves.

Es así como esta nueva ley crea la figura de los “entrevistadores” y los “intermediadores”, quienes son personas acreditadas y especializadas, que están a cargo de desarrollar las entrevistas videograbadas con los niños, niñas y adolescentes durante la investigación penal y durante el juicio oral, respectivamente.

Además, la nueva ley permitió la creación de “Salas Especiales” en los tribunales, la fiscalía y las policías, donde se desarrollan estas diligencias, en un ambiente acogedor y adecuado.

Las Fiscalías de Coquimbo, La Serena y Ovalle concentraron la realización de un 83% de las entrevistas en todo el período. La Fiscalía de Coquimbo fue la que más entrevistas efectuó en el 2022 con 222 grabaciones. La Serena en tanto, ha mantenido una constante de 147 entrevistas en el 2022 y 149 de enero a mayo de 2023.

El Fiscal Regional, Adrián Vega, destacó que la implementación de esta ley ha sido un desafío importante, ya que este proceso se ha hecho con recursos propios y sin adicionales. “Se aseguran protocolos claros, no victimizantes y que el proceso penal no re-victimice al presunto afectado o afectada de estos delitos. Es un cambio fundamental en la forma de investigar y de rendir la prueba ante el Tribunal Oral en lo Penal y que seguramente abrirá caminos hacia otros grupos vulnerables y al aseguramiento de los derechos ciudadanos y constitucionales de los habitantes de nuestro país”.

“Debemos atender que esta ley no incluyó recursos adicionales y que la Fiscalía lo está llevando con el puro compromiso de los equipos de las fiscalías locales y Regional, quienes están comprometidos en la reducción de la victimización secundaria”, puntualizó Vega.

Caso ocurrido en Vicuña

En Vicuña, Lady Dubó es abogada y entrevistadora y, junto con el fiscal Juan Rubén González, han llevado casos de delitos sexuales a tribunales. Recientemente, entre los días  20 y 22 de junio 2023 se desarrolló un juicio oral en que el relato en la entrevista videograbada ayudó en la investigación.

“Acusamos delitos de violación y abuso sexual contra dos parientes de la víctima adolescente, quien develó a un psicopedagogo los hechos, el que denunció el delito. En la investigación, la víctima participó en la Entrevista Videograbada, lo que sirvió para tener mayores antecedentes y también como factor protector, ya que no debió reiterar una y otra vez a distintas personas su testimonio”, indicó Dubó.

“Se acreditaron los hechos contra el acusado de violación y el acusado de abuso sexual; además, ofrecimos otros medios de prueba, pericias del Servicio Médico Legal, testigos familiares y de su establecimiento educativo”, relató el fiscal Juan Rubén González.

Caso de Combarbalá

En un hecho ocurrido en Combarbalá, un sujeto fue sentenciado a 20 años de presidio, que se desglosan en 15 años por violación y otros 5 por abuso sexual.

En dicho caso, la Fiscalía tomó a las víctimas entrevistas investigativas videograbadas.

La fiscal jefa de Combarbalá, Rocío Valdivia, dijo que esta causa “releva la importancia de la participación de víctimas y testigos en los procesos judiciales y la importancia que las víctimas tengan relación con la fiscalía y confianza en las gestiones.

Equipos regionales

En la región de Coquimbo hay 5 salas en las Fiscalías (Vicuña, La Serena/Regional, Coquimbo, Ovalle y Los Vilos) para la toma de entrevistas en su fase investigativa.

Estas salas se suman a las implementadas por los Tribunales de Justicia y que se usan para la declaración con intermediario de los niños, niñas y adolescentes en el juicio oral.

13 funcionarios de las fiscalías se han acreditado como entrevistadores y se suman a los ya existentes en la PDI y Carabineros.

En cuanto a los equipos, además, hay dos intermediarios en las Uravit de Ovalle y la Fiscalía Regional de Coquimbo; 19 encargados para el manejo de las salas, 8 encargados de almacenamiento y custodia, y un instructor regional.

En la región de Coquimbo es la profesional abogada Tatiana Cuadra de la Fiscalía de La Serena, quien tiene la labor de la formación continua de los entrevistadores.

“Este es un proceso que tiene por objeto detectar las fortalezas y aspectos a trabajar en cada entrevistador. No debemos olvidar que la técnica entrevista videograba requiere que todas las competencias del entrevistador sean puestas al servicio de un fin, como es la obtención de la información necesaria para la investigación, promoviendo el relato libre del NNA y evitando su revictimización”, explicó Cuadra.

“Ha sido un desafío permanente y me llena de orgullo constatar cómo hemos avanzado en este camino, con compromiso y voluntad, considerando que este rol se sumó a todas nuestras tareas cotidianas”, indicó Cuadra.

Además, existen los llamados evaluadores, quienes son profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos y determinan si el niño, niña o adolescente está en condiciones de poder ser entrevistado.

Pamela Stappung, psicóloga de la Uravit es una de ellas. “La labor de evaluador está regulada en el artículo 7° de la ley 21.057 y tiene que ver con la oportunidad de la entrevista investigativa videograbada, ya que ésta se debe realizar en el tiempo más próximo a la denuncia, a menos que el niño, niña o adolescente no se encuentre disponible y en condiciones físicas o psíquicas para participar”, explicó.

Dicha evaluación debe efectuarse “en el menor tiempo posible y en condiciones que garanticen la menor interacción presencial del niño, niña o adolescente y los profesionales a cargo de esta evaluación en ningún caso podrán hacer al niño, niña o adolescente preguntas que busquen establecer la ocurrencia de los hechos o la determinación de sus partícipes”,enfatizó Stappung.

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