Dorothy Pérez, la Contralora General de la República, firmó informe donde se rechaza la decisión de la Municipalidad de La Serena de disponer de un terreno municipal, para la construcción de viviendas a funcionarios de la institución.
Según informe de la Contraloría, el municipio no se encuentra habilitado para transferir gratuitamente, sea en forma directa o indirecta, inmuebles de su dominio para los funcionarios que se desempeñan en ella, aplicando para ello criterio del dictamen N° 30.274, de 1995, del mismo órgano contralor.
Cabe precisar que la Asociación de Funcionarios Municipales de La Serena con el objeto de que sus socios y socias accedieran a una vivienda propia, acudió hasta hasta el alcalde Roberto Jacob y esta decisión fue aprobada en Concejo Municipal. Ahí se propuso un terreno, de propiedad municipal, para tal efecto, incluso se adjuntó carta compromiso para disponer de este terreno,
En el informe firmado por Contraloría se detalle “si bien las municipalidades tienen atribuciones para enajenar gratuitamente sus inmuebles, con las formas y autorizaciones que describe el marco regulatorio, corresponde resaltar que ello solo se permite si su finalidad es propender a satisfacer las necesidades de la comunidad local”.
Señala el documento que las decisiones municipales deben alcanzar este objetivo básico, sin vulnerar el ordenamiento jurídico. También se destaca en el informe que “no existe disposición legal que las faculte para dictar o celebrar actos o contratos que tengan por objeto el interés de los propios funcionarios del municipio (aplica criterio del dictamen N° 14.235, de 2000, de esta Entidad de Fiscalización)”.
Si bien, hay casos excepcionales -dice la Contraloría- en los cuales se ha beneficiado a funcionarios de la Administración con programas habitacionales, ha sido en virtud de una ley que así lo ha autorizado expresamente, lo que no se aprecia en las disposiciones de la citada Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional.
En tal sentido, también se oficiará al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para ajustar el programa señalado, según los conclusiones de este dictamen de contraloría.
