El Juzgado de Garantía de La Serena acogió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) e impuso nuevas medidas precautorias contra los imputados en el caso conocido como “Papayagate”, que involucra un presunto fraude al fisco en la compra de terrenos con recursos del Gobierno Regional de Coquimbo en 2019. Entre los afectados por estas medidas se encuentra la Ex Intendenta de la región, Lucía Pinto Ramírez.
La resolución del magistrado Pedro Rojas Castro establece la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes inmuebles y muebles de los imputados José Cáceres Rojas, Pablo Bracchitta Krustulovic, Lucía Pinto Ramírez y Eduardo Espinoza Rodríguez. Estas medidas buscan proteger los bienes de los querellados mientras se avanza en la investigación, a fin de garantizar reparaciones económicas al fisco en caso de ser condenados.
Particularmente, a Lucía Pinto se le prohibió realizar cualquier acto o contrato relacionado con su vehículo, como medida cautelar preventiva. El magistrado señaló que, aunque la causa aún no está formalizada, la solicitud del CDE se basa en antecedentes suficientes para aplicar las medidas precautorias.
Estas medidas se imponen debido al riesgo de que los bienes sean enajenados o transferidos, lo que podría afectar el resarcimiento al fisco si se demuestra el perjuicio causado, el cual ascendería a más de 7.955 millones de pesos según la querella presentada.
El juez Rojas destacó que la naturaleza de las medidas es temporal, y que su propósito es evitar que los querellados dispongan de los bienes mientras se desarrolla el proceso judicial.
La abogada Maria José Lira, académica UCEN Coquimbo ante la pregunta si son realmente efectivas estas medidas señaló que “Podrían resultar efectivas, porque lo que busca es que uno de los querellados no saque de su patrimonio bienes con los que podría eventualmente responder, en el caso de ser condenado, en el arista civil de este proceso y en definitiva recuperar los recursos que pagaron eventualmente en exceso con respecto al terreno.
La abogada y académica indica que “Al prohibirle que pueda realizar actos de disposición, como vender derechamente, se asegura que si se condena y tiene que responsabilizarse, si no posee dinero en el banco, se pueda subastar o rematar esos terrenos o bienes. Con ello, se podría pagar deuda o parte de la deuda”
