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LA SERENA: ALCALDESA Y CONCEJALES ACUDIRÁN AL TER PARA EVALUAR DESTITUCIÓN DE ALEJANDRO ASTUDILLO

Tras la formalización del concejal por el delito de abuso sexual por sorpresa, la alcaldesa Daniela Norambuena y los nueve concejales anunciaron que presentarán un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional para que revise los antecedentes y determine eventuales responsabilidades, incluida la remoción del cargo si corresponde.

Una acción ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Coquimbo anunciaron la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, y los nueve concejales de la comuna, luego de la formalización del concejal Alejandro Astudillo por el delito de abuso sexual por sorpresa.

La decisión fue comunicada mediante una declaración pública conjunta, tras una reunión de la Comisión de Régimen Interno del Concejo Municipal, en la que las autoridades acordaron impulsar un requerimiento ante el organismo electoral.

El objetivo, según explicaron, es que el TER conozca y examine los antecedentes, determine si existen eventuales responsabilidades y resuelva las consecuencias jurídicas que correspondan, incluida la eventual destitución del cargo, si procediere.

En la declaración, Norambuena y los concejales recalcaron que respetan la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías legales, precisando que no les corresponde establecer responsabilidades penales ni anticipar decisiones que son competencia de los tribunales de justicia.

Sin embargo, sostuvieron que el ejercicio de una función pública también implica deberes de conducta, probidad y responsabilidades institucionales que deben ser examinadas conforme a la legislación vigente.

“Esta acción no constituye una condena anticipada ni atribuye responsabilidades previas. Nuestra intención es que sea el organismo jurisdiccional competente quien, con independencia e imparcialidad, determine si existen antecedentes suficientes para adoptar una resolución”, señala el documento.

Las autoridades comunales agregaron que no debe haber privilegios para ninguna autoridad y que su deber es resguardar la institucionalidad, la confianza pública y la responsabilidad que exige un cargo de representación popular.

Consultada por otros antecedentes de la causa, la alcaldesa indicó que se trata de una situación que debe ser abordada por la Fiscalía, organismo que lleva adelante la investigación. Asimismo, confirmó la realización de un consejo extraordinario por otra materia administrativa municipal.