Hasta el Juzgado de Garantía de La Serena llegó la alcaldesa Daniela Norambuena y parte del concejo comunal, con el objetivo de presentar dos querellas por presuntos delitos en la Corporación Gabriel González Videla cometidos durante la administración anterior.
En esta línea, la primera acción legal va dirigida en contra del ex edil Roberto Jacob por apropiación indebida de cotizaciones previsionales además de omisión de retener o enterar los mismos pagos del empleador. En tanto, la segunda querella es en contra de quienes resulten responsables por giro doloso de cheques, malversación por aplicación pública diferente junto con fraude al FISCO.
“Desde que asumimos, afirmamos que este municipio iba a ser transparente. Es así como apenas fuimos notificados desde la Contraloría General de la República y la auditoría realizada por Fuenzalida Consultores, en mi calidad de presidenta de la Corporación Gabriel González Videla me dispuse a interponer estas querellas”, señaló la máxima autoridad comunal.
En detalle, se le acusa al ex alcalde de incumplir su deber de control sobre la instancia en cuestión, produciendo, a diciembre pasado, una morosidad previsional por un total de $ 4.018.637.656. Esto, sin considerar intereses.
“Son medidas drásticas, duras, pero me encuentro cumpliendo con la población de La Serena. Por eso, también llegué acompañada de la mayoría de los integrantes del concejo municipal (…) observamos malversación de fondos, además de traspasos de recursos entre el departamento de salud y educación”, agregó Norambuena.
En este sentido, las acciones judiciales se fundamentan en hechos objetivos y de conocimiento público, evidenciados por documentos oficiales junto con las declaraciones correspondientes.
“Lamentable que hagamos noticias por estas temáticas, pero vamos a ubicarnos como una administración transparente que combate la corrupción. Ese es nuestro deber. Estas querellas se van a sumar a los otros supuestos fraudes detectados en la instancia como, por ejemplo, los 800 millones de pesos que se habían observado hace un tiempo”, finalizó la alcaldesa de La Serena.
Rodrigo Álvarez, Abogado de la Ilustre Municipalidad de La Serena, explicó que “estos son hechos públicos y notorios. Esta querella va en contra de Roberto Jacob, quien tenía la calidad de presidente de la corporación municipal y quien por estatutos debía supervigilar la correcta administración de la misma, cosa que no hizo. Igualmente, esta acción es contra todos quienes resulten responsables” indicó.
Álvarez explicó que respecto de la apropiación indebida de cotizaciones previsionales “estos tienen una pena de 3 años y un día a 5 años. Acá estamos hablando respecto de dos delitos, por lo que eventualmente en su oportunidad vamos a solicitar medidas cautelares en contra del ex alcalde y poder llegar a alguna pena que sea privativa de libertad. Lo más complejo es el delito de fraude al fisco, donde estamos derechamente con un delito que tiene penas de crimen, es decir desde los 5 años y un día y hasta los 15 años, por lo que se puede pedir la prisión preventiva sobre todos aquellos que resulten responsables”, precisó.
Crisis en la corporación
Cabe recordar que, en una sesión extraordinaria del concejo comunal, efectuada en diciembre pasado, el secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, Claudio Arriagada, afirmó que hasta el 2023, los pendientes por concepto de deuda previsional y proveedores alcanzaban los $ 30 mil millones. Es así como al período en cuestión, la deuda se proyectó en 50 mil millones de pesos.
El informe expuesto por Arriagada, reveló datos complejos del actuar de la corporación durante la administración pasada, como que existían 250 líneas de celulares entregadas a funcionarios no identificados o convenios de publicidad que alcanzan el monto de $ 130 millones anuales. Otro dato es que los recursos no alcanzan para pagar las retenciones de boletas honorarios, en donde unos 700 millones de pesos no se han cancelado al mes de diciembre, por lo que se debe negociar a Tesorería General de la República (TGR) para el pago de estos compromisos.
Un hecho que llamó la atención de los investigadores en esta nueva administración es que existen deudas por los descuentos de las cuotas sindicales junto gremiales que ascienden a más de 133 millones de pesos del año 2023 y 2024. Los gremios señalan que el impacto de esta situación ha obligado a cancelar programas de actividades y beneficios a socios.
La deuda a los proveedores alcanza los 10 mil millones de pesos no existiendo un registro centralizado, por lo que se ha buscado por empresas individuales, las deudas que se tienen. Esta situación implica que proveedores han realizado requerimientos judiciales para saldar las deudas.
Otro punto que se investiga, es el pago de asesorías técnicas por más de 600 millones de pesos, donde varias de éstas no tenían verificador ni respaldos de realización.
Igualmente, se han recibido 16943 boletas de honorarios de las cuales se han anulado 6546, por lo que también se investiga cuántas de las anuladas fueron pagadas y no reintegradas, por lo que esto podría considerarse como un delito y de ahí que todos los antecedentes serán parte de una querella que será presentada durante los próximos días en Tribunales.
La alcaldesa Daniela Norambuena sostuvo que actualmente se trabaja en la reestructuración del organigrama de la Corporación, fusión de áreas administrativas tanto en administración central como en las áreas de educación, salud y cementerios. Además, se continuará con el estudio de contratos vigentes para lograr ahorros en proveedores de las distintas áreas, el levantamiento de activos en uso y desuso para optimizar lo que se tiene y proponer la venta de lo que no se está usando para obtener liquidez. También se instalarán fuentes de nuevos ingresos en CESFAM, Cementerio, Botica o Farmacia Popular.
