CRISIS EN JUSTICIA SE AGRAVA: OPOSICIÓN BUSCA RESPONSABILIDADES PENALES DE RABAT Y KAST ENFRENTA CRECIENTE PRESIÓN PARA REMOVERLO
La controversia por las rebajas de condenas a delincuentes sexuales sumó este jueves un nuevo capítulo. Además de anunciar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, parlamentarios de oposición solicitaron investigar eventuales responsabilidades penales. En paralelo, el Gobierno reconoció que enfrenta una crisis, mientras aumentan las diferencias dentro del oficialismo por la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener al secretario de Estado.
La situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, continúa complicándose. Este jueves 29 de octubre, la oposición anunció nuevas acciones para determinar eventuales responsabilidades penales relacionadas con los decretos que permitieron reducir condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, además de otros delitos graves.
Los parlamentarios solicitaron al fiscal nacional designar a un persecutor especial para investigar posibles ilícitos, luego de cuestionar la información entregada por Rabat durante su comparecencia ante la Cámara de Diputadas y Diputados. En particular, sostienen que el ministro habría proporcionado antecedentes falsos o imprecisos al referirse a decisiones similares adoptadas durante el Gobierno anterior.
La solicitud de investigación penal constituye una acción distinta de la acusación constitucional anunciada por las bancadas opositoras, cuya presentación se proyecta para la próxima semana. Hasta ahora, estos cuestionamientos no equivalen a una determinación judicial de responsabilidad.
GOBIERNO RECONOCE UNA CRISIS
Uno de los antecedentes políticos más significativos de la jornada fueron las declaraciones del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien reconoció que el Ejecutivo enfrenta una crisis importante por los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales.
Aunque defendió la determinación presidencial de mantener a Rabat, admitió que esa decisión podría revisarse, señalando que su permanencia no está definitivamente resuelta.
El reconocimiento marca un cambio en el tono de La Moneda, que hasta ahora había concentrado sus esfuerzos en respaldar la actuación del ministro y atribuir parte de las dificultades a deficiencias del sistema judicial.
El Presidente José Antonio Kast, por su parte, ha insistido en que el problema excede la responsabilidad individual de una autoridad y requiere corregir las fallas del mecanismo de reducción de condenas. Sin embargo, su decisión de mantener al ministro lo sitúa en el centro de la controversia política.
CÁMARA PIDIÓ LA SALIDA DE TRES AUTORIDADES
La crisis se profundizó luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara este miércoles, por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, una resolución solicitando al Presidente la salida del ministro Fernando Rabat, del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.
Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, su importancia política radica en que también recibió respaldo de parlamentarios del oficialismo, evidenciando diferencias entre el Partido Republicano y sectores de Chile Vamos.
La división se ha manifestado especialmente en Renovación Nacional y la UDI, donde distintas autoridades han cuestionado la conveniencia de mantener a Rabat en su cargo.
El conflicto representa una dificultad adicional para Kast, que necesita preservar la coordinación de los partidos de Gobierno para avanzar en su agenda legislativa.
DENUNCIA POR PREVARICACIÓN
Entre las novedades conocidas este jueves destaca la gestión de los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC), quienes solicitaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar una denuncia por presunta prevaricación administrativa contra Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva.
Los parlamentarios cuestionan que el Ministerio de Justicia haya aplicado criterios derivados de fallos judiciales para conceder rebajas de condenas, pese a la existencia de disposiciones legales que, según su interpretación, debían impedir esos beneficios.
El punto central es determinar si la autoridad administrativa podía extender criterios de la jurisprudencia a situaciones que no estaban directamente comprendidas en las resoluciones judiciales.
La denuncia deberá ser investigada por el Ministerio Público y no constituye, por sí misma, una acreditación de delito.
NUEVOS ANTECEDENTES SOBRE EL RIESGO PARA LAS VÍCTIMAS
El origen de la controversia está en las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Una investigación de Bío Bío permitió identificar a 33 beneficiados que ya se encontraban en libertad, algunos de los cuales registraban informes de Gendarmería que advertían factores de riesgo de reincidencia, ausencia de reconocimiento del delito o falta de empatía con las víctimas.
Otro aspecto especialmente cuestionado es que las víctimas no habrían sido notificadas de las reducciones que adelantaron la salida de los condenados.
Durante su comparecencia ante el Congreso, Rabat reconoció deficiencias en la participación de las víctimas dentro del procedimiento, pero defendió la legalidad de las decisiones adoptadas.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL PODRÍA PRESENTARSE EL 3 DE NOVIEMBRE
De acuerdo con los antecedentes conocidos este jueves, la oposición proyecta ingresar la acusación constitucional el martes 3 de noviembre, con la expectativa de que pueda ser votada durante la segunda quincena de ese mes.
De prosperar en la Cámara y posteriormente en el Senado, Rabat podría ser destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años.
Sin embargo, el procedimiento también representa un desafío para el oficialismo, debido a que distintos parlamentarios de RN y la UDI han expresado posiciones críticas sobre la continuidad del ministro.
El Gobierno deberá decidir si mantiene su respaldo político durante la tramitación de la acusación o adopta medidas para evitar que la controversia siga afectando su agenda.