DECRETOS DE RABAT DEJARON EN LIBERTAD EN LA SERENA A BANDA QUE DECÍA SER DEL “TREN DE ARAGUA”
Según el medio Interferencia, el 6 de diciembre de 2021, cuatro ciudadanos venezolanos identificados como Franyorkin Aramburu Hernández, Winder Marott Morán, Jhonder Ollarves Berbesi y Yhoan Martínez González ingresaron en un inmueble en calle Cantournet, en La Serena, en donde vivían siete mujeres venezolanas y una dominicana.
Los hombres las intimidaron con dos pistolas y les exigieron $50.000 por persona. Una de las armas era de fogueo y la otra había sido modificada para disparar munición real. Se presentaron como integrantes del Tren de Aragua. Su fin era exigir el pago de una ‘renta’ de $100.000 semanales por mujer: se trataba de trabajadoras sexuales migrantes.
El arrendatario denunció los hechos ante la Policía de Investigaciones, la que se presentó el lunes siguiente para atraparlos infraganti. Tras la llegada de la banda de extorsionadores, la PDI los detuvo a la salida del departamento. A Aramburu le encontraron $400.000 en el bolsillo trasero y $350.000 dentro de un cuaderno.
Las mujeres afectadas declararon en el cuartel ante la PDI que el cobro no fue el primer contacto. Según su relato, el jueves 2 de diciembre dos de ellas fueron subidas a la fuerza a un auto frente a la casa, trasladadas a un departamento y amenazadas con un arma. La escena quedó registrada por las cámaras del inmueble. Esa misma tarde, un hombre que se hacía llamar ‘El Cachorro del Valle’ llamó a la casa, dijo ser del Tren de Aragua y les advirtió que desde ese momento se harían cargo del comercio sexual.
DECRETOS CON FIRMA DE RABAT
Algunos delitos pudieron acreditarse, razón por lo que la banda cayó presa, pero no así su pertenencia a esta banda de crimen organizado, pues la Fiscalía no dio con las pruebas luego de que las aterrorizadas mujeres no continuaran con el proceso judicial. El fiscal declaró que huyeron por miedo a que testificar pudiera significarles la vida.
Fiscalía formalizó a la banda por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas y de municiones. El secuestro nunca fue imputado. Aunque la PDI se lo atribuyó públicamente a los cuatro detenidos, en el juicio ningún policía los identificó como los hombres del video.
En agosto de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena condenó a cada uno a cinco años y un día de presidio. Ninguno fue condenado por asociación ilícita o por pertenecer al Tren de Aragua, pues Fiscalía no imputó ni fue más allá en dicha asociación.
LA DOCTRINA RABAT
Bajo el gobierno de José Antonio Kast, tres de los cuatro integrantes de la banda fueron beneficiados por los decretos del Ministerio de Justicia firmados bajo la Doctrina Rabat: no decretar rechazos a solicitudes en consideración a una supuesta jurisprudencia que les obligaría a dar el beneficio a cualquier tipo de condenado, incluyendo pederastas, criminales de lesa humanidad y ahora sospechosos de crímen organizado, y a un consecutivo principio de eficiencia, que plantea que los altos tribunales del país siempre obligan a cursar decretos aprobatorios de beneficios carcelarios, a todo evento.
Los tres decretos otorgaron el beneficio de reducción de condena a Franyorkin Aramburu Hernández (reducción de 9 meses), Winder Marott Morán (3 meses) y Jhonder Ollarves Berbesi (3 meses). Los dos primeros fueron firmados el 6 de julio y el 4 de septiembre, y llevan la firma del ministro Rabat. El tercero es del 7 de septiembre, lleva la firma del subsecretario de Justicia, Luis Silva, en calidad de ministro subrogante.
La justificación de cada documento es la misma que ha sostenido el ministro Fernando Rabat para conceder estos beneficios. Los decretos citan un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, según el cual, si no concurren las causales del artículo 17 de la ley, el Ministerio de Justicia “no está habilitado para denegar” la rebaja por la gravedad del delito ni por el bien jurídico protegido. Añaden que la jurisprudencia de la Corte Suprema obliga a la cartera a dictar el decreto cuando se cumplen los requisitos. En otras palabras, el Ministerio sostiene que concede las rebajas porque la ley y los tribunales no le dejan margen para negarlas.
A los tres condenados les correspondía salir el 8 de diciembre de 2026. Con la rebaja, el término de la condena de Marott y Ollarves se adelantó a septiembre, y ambos salieron el 9 y el 10 de ese mes. En el caso de Aramburu, el decreto fijó su salida para el próximo 8 de marzo.
EL “BUEN COMPORTAMIENTO”
A pesar de que los condenados deben cumplir requisitos de buen comportamiento para optar a beneficios, Interferencia pudo comprobar que Aramburu obtuvo la rebaja a pesar de que en octubre de 2025 la Comisión de Libertad Condicional le había negado la salida anticipada.
En la cárcel, los tres condenados acumularon causas por faltas al régimen penitenciario, como pudo comprobar este medio en escritos del Juzgado de Garantía de La Serena.
En detalle, Jhonder Ollarves sumó al menos cinco y, en abril de 2024, gendarmes lo sorprendieron con un celular y un chip en el módulo 31 del penal de La Serena. Fue condenado a 41 días de prisión extra.
Aun así, los tres recibieron la calificación de “comportamiento sobresaliente” que exige la ley para optar a la rebaja de condena.
¿Y LAS EXPULSIONES?
El 30 de julio Chile y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas. En parte, lo hicieron por el cambio de gobierno en el país vecino, con Delcy Rodríguez en reemplazo de Nicolás Maduro y en un proceso de acercamiento entre su administración y la de Donald Trump.
Por otra parte, las relaciones diplomáticas eran urgentes por una serie de asuntos bilaterales que afectan a ambos países sudamericanos. A saber: el crimen organizado.
De este modo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas implicaba también avanzar en la promesa electoral de José Antonio Kast de incrementar las expulsiones de delincuentes extranjeros. Al no haber relaciones diplomáticas, no había país receptor de criminales venezolanos. Al haberlas, esa vía queda medianamente despejada.
Lo curioso es que los decretos que beneficiaron a la banda de extorsionadores venezolanos de La Serena, la cual —al menos— operaba bajo la marca del Tren de Aragua, fueron firmados el 4 y 7 de septiembre, cuando ya existían relaciones diplomáticas con Venezuela. Razón por la cual, Justicia pudo coordinarse con los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, para evitar poner en la calle a los miembros de esta banda, y de paso, avanzar un poco más en la promesa de sacar del país a los delincuentes extranjeros.
Si bien es cierto que de momento las expulsiones no pueden realizarse por razones administrativas, pues todavía no se abren los consulados en Santiago y Caracas, tal vez habría sido una opción en algunos meses, si Rabat los hubiese mantenido en el Complejo Penitenciario de La Serena.