Gobierno defiende Registro Nacional de Actos Vandálicos y descarta que se trate de una “lista negra”
El Gobierno salió al paso de las críticas surgidas en torno al proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa que busca identificar a personas involucradas en hechos de violencia y daños a la infraestructura pública, y que ha generado cuestionamientos desde algunos sectores políticos.
En la Región de Coquimbo, el seremi de Gobierno, Darwin Cortés, aseguró que la propuesta no tiene como objetivo perseguir opiniones políticas ni limitar el derecho a manifestarse, sino establecer mecanismos para enfrentar conductas que afectan directamente a la comunidad.
La autoridad explicó que el proyecto apunta a combatir situaciones asociadas a vandalismo, destrucción de bienes públicos, daños a infraestructura y otros hechos que generan perjuicios para vecinos, comerciantes, estudiantes y trabajadores.
“En Chile el derecho a manifestarse pacíficamente está plenamente garantizado y eso no está en discusión. Lo que este proyecto busca es enfrentar los actos vandálicos, la destrucción de bienes públicos, daños a infraestructura y conductas que terminan afectando directamente a vecinos, comerciantes, estudiantes y trabajadores”, señaló el vocero regional.
Las declaraciones se producen luego de críticas formuladas por parlamentarios de oposición, quienes han cuestionado el alcance de la iniciativa y han advertido sobre eventuales riesgos para las libertades individuales.
Frente a esos cuestionamientos, Cortés sostuvo que la propuesta se enfoca exclusivamente en personas que participen en hechos de violencia o vandalismo y no en quienes ejerzan su derecho a manifestarse de forma pacífica.
“No se trata de perseguir ideas ni opiniones políticas. Se trata de que quienes cometen actos de violencia o vandalismo respondan ante la ley, con reglas claras y debido proceso. La protesta pacífica se respeta; la violencia y la destrucción no pueden normalizarse”, afirmó.
Asimismo, el seremi rechazó que el registro pueda ser considerado una “lista negra”, argumentando que la finalidad de la iniciativa es fortalecer la seguridad y proteger tanto los espacios públicos como a las personas que se ven afectadas por hechos de violencia durante manifestaciones u otros eventos.
Según indicó, el proyecto busca entregar mayores herramientas para prevenir daños al comercio, a los servicios públicos y a la infraestructura urbana, especialmente en contextos donde se registran desórdenes o actos vandálicos.
Finalmente, Cortés sostuvo que uno de los desafíos del Estado es compatibilizar el ejercicio de los derechos ciudadanos con la protección del orden público y la seguridad de la población.
“Como Gobierno tenemos el deber de garantizar derechos, pero también de resguardar el orden público, la seguridad y el respeto por los espacios comunes. Ese equilibrio es fundamental para una convivencia democrática”, concluyó la autoridad regional.