MATÍAS WALKER RECHAZA ATRIBUIR DELITOS A RABAT Y SILVA Y LLAMA A INVALIDAR LOS DECRETOS DE REBAJA DE CONDENAS
El senador por la Región de Coquimbo, Matías Walker, cuestionó las acusaciones penales contra las autoridades del Ministerio de Justicia, pese a mantener sus críticas a las rebajas de condenas. Su declaración se produce luego de que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abriera una investigación por presunta prevaricación administrativa contra el ministro Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva.
El senador por la Región de Coquimbo, Matías Walker, intervino nuevamente en la controversia por los decretos de rebaja de condenas otorgados a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, marcando una diferencia entre los cuestionamientos a las decisiones administrativas del Ministerio de Justicia y la atribución de eventuales responsabilidades penales a sus autoridades.
A través de su cuenta en X, el parlamentario sostuvo que ha mantenido una postura crítica frente a las decisiones adoptadas por la cartera, pero rechazó que estas sean utilizadas, por sí solas, para atribuir delitos al ministro Fernando Rabat y al subsecretario Luis Silva.
“He criticado desde el día 1 y con fundamentos los decretos de rebaja de condenas del Ministerio de Justicia. Con la misma convicción sostengo que atribuir un delito al ministro o al subsecretario es un despropósito mayúsculo, que solo nos desvía de lo importante: invalidar los decretos y proteger a las víctimas”, expresó Walker.
FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN CONTRA AUTORIDADES DE JUSTICIA
Las declaraciones del senador se conocen en una jornada marcada por nuevos antecedentes judiciales. Este viernes 30 de octubre, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmó la apertura de una investigación penal contra Rabat y Silva, luego de una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS).
Los parlamentarios denunciaron un presunto delito de prevaricación administrativa, relacionado con los decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Los antecedentes fueron remitidos por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y las diligencias quedaron bajo la dirección del fiscal regional Francisco Jacir, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada.
La apertura de esta investigación no establece culpabilidad ni acredita la comisión de un delito, materias que deberán determinarse conforme avance el procedimiento penal.
WALKER PONE EL FOCO EN LA INVALIDACIÓN DE LOS DECRETOS
La posición del parlamentario introduce una distinción en el debate político: cuestionar la legalidad y los efectos de los decretos no implica necesariamente que existan antecedentes suficientes para establecer una responsabilidad penal.
En su declaración, Walker plantea que la prioridad debe estar en revertir los beneficios cuestionados y resguardar los derechos de las víctimas, antes que concentrar la discusión exclusivamente en eventuales delitos cometidos por las autoridades ministeriales.
Sin embargo, la posibilidad de invalidar los decretos también enfrenta interrogantes jurídicas, particularmente respecto de las atribuciones de la administración para revertir decisiones ya adoptadas y los efectos de los pronunciamientos judiciales que han intervenido en estos procedimientos.