REFORMA CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD SIGUE SIN ENTRAR A DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO
El proyecto del Gobierno propone crear un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública y el crimen organizado. Sin embargo, la iniciativa no aparece entre las materias convocadas actualmente por la Comisión de Constitución, mientras continúan las negociaciones para modificar uno de sus puntos más controvertidos.
La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno continúa pendiente de discusión efectiva en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, pese a que ingresó al Congreso hace más de un mes como una de las principales iniciativas de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.
El proyecto, correspondiente al boletín 18.597-07, ingresó al Senado el 18 de agosto y busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública mediante ocho modificaciones a la Constitución. Entre ellas destaca la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.
Sin embargo, según las citaciones oficiales del Senado disponibles para esta semana, la reforma no figura entre las materias actualmente incorporadas en tabla por la Comisión de Constitución. Las sesiones programadas están concentradas principalmente en nominaciones para el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y tribunales ambientales.
¿QUÉ PROPONE EL NUEVO ESTADO DE EXCEPCIÓN?
El proyecto original permite al Presidente decretar un estado de excepción de seguridad pública cuando exista una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública, especialmente en situaciones relacionadas con crimen organizado o terrorismo.
La propuesta contempla inicialmente una duración de 120 días, que podría ser prorrogada por un segundo período equivalente antes de requerir nuevas autorizaciones parlamentarias, según el diseño ingresado originalmente.
Esto significa que el mecanismo podría prolongarse hasta 240 días, equivalentes a aproximadamente ocho meses, antes de que una extensión posterior deba ser sometida al Congreso. Este diseño generó cuestionamientos en el Senado durante la discusión de las actuales prórrogas del estado de excepción en la macrozona sur.
Durante su vigencia, el nuevo régimen permitiría establecer restricciones sobre derechos como la libertad de locomoción, reunión y asociación, además de contemplar herramientas como interceptación de comunicaciones y requisición de bienes bajo las condiciones que determine la legislación correspondiente.
GOBIERNO ABRIÓ LA PUERTA A MODIFICAR LA PROPUESTA
Las diferencias políticas respecto del nuevo estado de excepción llevaron al Ejecutivo a bajar la urgencia del proyecto desde suma a urgencia simple, con el objetivo declarado de ampliar las conversaciones en el Congreso.
El Presidente José Antonio Kast también ha señalado posteriormente que el Gobierno está disponible para revisar la fórmula utilizada.
El mandatario planteó que el objetivo podría alcanzarse mediante un quinto estado de excepción, mediante el fortalecimiento de uno de los estados actualmente existentes o incluso a través de una disposición transitoria, siempre que se mantengan las herramientas que el Ejecutivo considera necesarias para enfrentar organizaciones criminales.
El Gobierno ha señalado que espera que las modificaciones y acuerdos se produzcan precisamente en la Comisión de Constitución del Senado, donde permanece radicado el proyecto.
EL DEBATE QUE QUEDA PENDIENTE
La discusión legislativa deberá resolver especialmente tres materias: cuánto tiempo puede mantenerse vigente el nuevo estado de excepción, qué derechos podrían restringirse durante su aplicación y qué nivel de control deberá ejercer el Congreso sobre las prórrogas.
El Ejecutivo argumenta que busca entregar herramientas excepcionales para combatir amenazas vinculadas al crimen organizado y terrorismo. Distintos parlamentarios y especialistas, en cambio, han planteado reparos respecto de la extensión de las facultades presidenciales y los mecanismos de control institucional.
Por ahora, la reforma permanece en su primer trámite constitucional en el Senado, a la espera de que la Comisión de Constitución retome formalmente su estudio.