CORTE REVISA RECURSO DE NULIDAD POR CONDENAS EN CASO CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA SERENA
La Fiscalía Regional defendió ante la Corte la sentencia dictada contra exfuncionarias y otros involucrados por delitos de fraude al fisco y lavado de activos. La resolución del tribunal quedó fijada para el 5 de octubre de 2026.
Durante esta jornada se desarrolló la audiencia para revisar los recursos de nulidad presentados por las defensas de personas condenadas en el denominado caso Corporación Municipal de La Serena, investigación vinculada a hechos ocurridos entre 2019 y 2022 al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.
El proceso llega a esta instancia luego de que el Tribunal Oral en lo Penal dictara un fallo condenatorio el pasado 11 de julio, tras un juicio en el que la Fiscalía obtuvo condenas por delitos de fraude al fisco, lavado de activos y fraude de prestaciones estatales.
Entre las principales condenas se encuentran dos exfuncionarias públicas, identificadas como N.C.M. y B.G., quienes recibieron penas que en total alcanzan los ocho años de presidio por los delitos de lavado de activos y fraude al fisco.
En tanto, C.M.F., pareja de una de las condenadas, recibió penas que totalizan siete años de presidio por fraude de prestaciones estatales y lavado de activos. En la causa también fueron condenadas otras personas vinculadas a los hechos investigados.
Fiscalía pide mantener las condenas
Durante la audiencia, la abogada asesora jurídica de la Fiscalía Regional, María Eugenia Bustos, sostuvo que no existirían antecedentes jurídicos suficientes para anular la sentencia.
Según explicó, uno de los principales argumentos planteados por las defensas apunta a cuestionar la configuración del delito de lavado de activos, señalando que los movimientos posteriores del dinero corresponderían solamente al uso o gasto de los recursos obtenidos mediante el fraude.
La Fiscalía, sin embargo, sostiene una interpretación distinta.
Bustos indicó que durante el juicio se logró establecer el destino posterior de los recursos y la existencia de operaciones destinadas a incorporar dinero proveniente del fraude al sistema económico formal.
Entre estas operaciones mencionó la compra de vehículos, adquisición de inmuebles y distintas inversiones realizadas con fondos cuyo origen estaría relacionado con los recursos defraudados.
“Se encuentra adecuadamente establecida la modalidad de lavado de activos, tanto de ocultamiento como de disimulación de bienes y dineros que provienen de un delito de fraude al fisco”, sostuvo la representante del Ministerio Público.
La persecutora agregó que los antecedentes analizados durante el juicio permitirían diferenciar estas operaciones de un simple gasto del dinero obtenido ilícitamente, argumentando que existió un seguimiento posterior de los recursos y su incorporación a distintas operaciones financieras y patrimoniales.
Resolución se conocerá en octubre
Tras escuchar los argumentos de las defensas y del Ministerio Público, la Corte dejó prevista la comunicación de su decisión para el próximo 5 de octubre de 2026.
La resolución será clave para determinar si se mantienen las condenas dictadas en primera instancia o si el tribunal acoge alguno de los recursos de nulidad presentados por las defensas.