DENIS CORTÉS CUESTIONA REGLAMENTO DE SEGURIDAD MUNICIPAL: “SE COMETIÓ UNA TORPEZA”
El alcalde de Illapel valoró el retiro del cuestionado reglamento desde Contraloría, pero advirtió que la controversia evidencia problemas en la relación entre el Ejecutivo y los municipios. Además, pidió asegurar recursos en el Presupuesto 2027 para que todas las comunas puedan implementar la nueva Ley de Seguridad Municipal.
El alcalde de Illapel, Denis Cortés, cuestionó duramente la forma en que el Gobierno abordó el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, luego de la controversia generada por una disposición que alcaldes de distintos sectores políticos interpretaron como una eventual amenaza de cese en sus cargos.
“El Gobierno cometió una torpeza”, sostuvo Cortés al referirse al conflicto, aunque valoró la decisión del Ejecutivo de retirar el reglamento que había sido enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón.
Este miércoles, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, confirmó el retiro del documento y anunció la conformación de una mesa técnica con representantes de las asociaciones municipales. El objetivo será revisar conjuntamente los reglamentos necesarios para la implementación de la Ley de Seguridad Municipal antes de continuar su tramitación.
EL ARTÍCULO QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA
El conflicto se concentró principalmente en el artículo 8 del reglamento, relativo a la obligación de las municipalidades de verificar que quienes sean designados como directores de Seguridad Pública o inspectores municipales cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.
La propuesta señalaba que el incumplimiento de esa obligación podía generar responsabilidad administrativa y, tratándose del alcalde, eventualmente configurar una causal de cesación contemplada en la legislación vigente.
La redacción provocó críticas desde municipios de distintas tendencias políticas, cuyos alcaldes argumentaron que una materia de esa naturaleza no debía quedar sujeta a una disposición reglamentaria.
El Gobierno, sin embargo, descartó que el texto estuviera creando una nueva causal de destitución. La Subsecretaría de Prevención del Delito sostuvo que el reglamento no modificaba las causales actualmente establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ni alteraba los procedimientos existentes para determinar responsabilidades.
CORTÉS: MUNICIPIOS ESTÁN SIENDO “SOBREEXIGIDOS”
Para Denis Cortés, la controversia abrió una tensión innecesaria entre La Moneda y los gobiernos comunales, especialmente considerando las nuevas responsabilidades que los municipios están asumiendo en materia de prevención y seguridad.
El jefe comunal cuestionó que, a su juicio, se estén incrementando las exigencias sobre los municipios sin aplicar criterios equivalentes a otros organismos y autoridades del Estado.
Cortés aseguró que los alcaldes no se oponen a ser fiscalizados ni a asumir responsabilidades administrativas, pero manifestó reparos frente a la posibilidad de que un incumplimiento asociado a la aplicación de un reglamento pueda terminar relacionado con la continuidad de una autoridad elegida mediante votación popular.
La discusión también se produce en momentos en que distintos municipios han advertido sobre los costos que implicará implementar plenamente la nueva legislación. En junio pasado, municipios de la provincia del Choapa ya habían planteado inquietudes respecto de la disponibilidad de financiamiento, capacitación y equipamiento para cumplir con las nuevas atribuciones de seguridad.
En ese contexto, Cortés pidió al Ejecutivo entregar certezas respecto de los recursos que contemplará el Presupuesto de la Nación 2027, especialmente para municipios pequeños o con menor capacidad financiera.
CRÍTICAS TRANSVERSALES DE ALCALDES
La controversia no quedó circunscrita a un solo sector político.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la constitucionalidad de la disposición, mientras que su par de Providencia, Jaime Bellolio, planteó la existencia de un problema jurídico y sostuvo que las causales de cesación de una autoridad municipal deben estar expresamente reguladas por ley.
El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, también manifestó reparos frente a la posibilidad de que un reglamento pudiera incidir sobre causales relacionadas con el término anticipado del mandato de una autoridad electa.
Desde sectores oficialistas surgieron cuestionamientos similares. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señaló que resultaba preocupante vincular una falla administrativa con una eventual destitución y criticó que los municipios no hubieran participado previamente en la discusión del texto.
La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, también calificó la propuesta como un error y cuestionó que este tipo de materias fuera abordado mediante un reglamento.
GOBIERNO ABRE MESA CON MUNICIPIOS
Tras la controversia, el Ejecutivo optó finalmente por retirar el reglamento desde Contraloría.
El subsecretario Gonzalo Guerrero informó que se abrirá una instancia de trabajo con las asociaciones municipales para revisar el artículo cuestionado y avanzar conjuntamente en la elaboración de los reglamentos requeridos para implementar la nueva ley.
La decisión fue valorada por representantes municipales, aunque el debate deja abiertas dos materias centrales para la implementación de la normativa: los límites de las responsabilidades administrativas de los alcaldes y el financiamiento que recibirán las comunas para asumir las nuevas funciones en seguridad pública.