Abogado Gabriel Osorio, por resolución de Contraloría que no autorizó compra de terrenos para Hospital de Coquimbo: ” Es extraño que se liberaran fondos sin la toma de razón de la Contraloría… eso no sucede”.

Así lo manifestó este martes el abogado Gabriel Osorio, durante una entrevista en el programa “Está Pasando Noticias” de radio Guayacán, sobre la resolución entregada por la Contraloría, que no dio curso a la compra del terreno para normalizar el Hospital San Pablo de Coquimbo. Lo que indica esta resolución de Contraloría es que el Gobierno Regional no subsanó observaciones, no justificó compra por trato directo y además procedió sin la toma de razón. Contraloría repara en la falta de cuidado que se ha logrado percibir en este actuar administrativo, donde no se ha resguardado debidamente los recursos públicos. Se ordenó un procedimiento disciplinario.

Consultado por este acuerdo de compraventa de un terreno para un futuro hospital, donde se pagaron más de 6 mil millones de pesos y se procede sin la toma de razón de Contraloría, Osorio explicó que es una falta grave administrativa. “Todo funcionario público sabe que cuando se disponen de recursos públicos para compras tan grandes como esta, necesariamente tienen que esperar la toma de razón, es decir, el control de legalidad del acta administrativo en cuestión. Efectivamente afecta el patrimonio del Fisco de Chile al no cumplir con los requisitos mínimos”.

De hecho, Contraloría ya había informado de ciertas observaciones a este acuerdo del Gobierno Regional, quienes le respondieron a Contraloría ratificando la compraventa. Al respecto el abogado indicó que “lo razonable que debía haber hecho el Gobierno Regional es haber esperado la toma de razón, para poder hacer el desembolso del dinero y posteriormente la inscripción del conservador de bienes raíces”.

Asimismo, extrañeza causa para el abogado esta situación, ya que ninguna compra de este tipo puede efectuarse sin una toma de razón por parte de la Contraloría de la República. “Esto no es posible hacerlo, a mí me parece muy extraño que el Gobierno, no obstante, incluso se les hayan realizado observaciones a las actuaciones previas de la compraventa, pero que finalmente se liberaran los fondos sin la toma de razón”.

Con respecto a las consecuencias que se podrían generar, Osorio precisó que el dueño del terreno sí actuó de buena fe, y por lo tanto, no tiene que verse afectado por las decisiones que tome la Contraloría. Sin embargo, quienes si se pueden ver afectados son todas aquellas personas que intervinieron en los actos administrativos que terminaron con esta compraventa y sin la toma de razón, incluyendo a la Intendenta. “El acto realizado por el Gobierno Regional no es legal. El sumario que se va a llevar a cabo podría terminar en la destitución de funcionarios por la responsabilidad no sólo administrativa, si no también políticas”, finalizó el abogado.

Puedes ver la entrevista desde el minuto 43.

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Marcela Salas Salazar