Contraloría no da curso a compra de terreno para nuevo Hospital de Coquimbo. Gobierno Regional no justificó compra por trato directo y procedió sin toma de razón. El GORE asegura subsanará las observaciones

Durante esta mañana en radio Guayacán se informó de la resolución de la Contraloría que no da curso a la compra de terreno para normalización Hospital San Pablo de Coquimbo. El Gobierno Regional –indica el informe- no subsanó observaciones, entre ellas, no justificó compra por trato directo y procedió a su adquisición sin toma de razón. Contraloría señala “falta de cuidado y resguardo de los recursos públicos” y se ordena procedimiento disciplinario por responsabilidad administrativa.

A mediodía, el Gobierno Regional de Coquimbo emitió un breve comunicado donde se señala que respecto a la observación que realizó la Contraloría General de La República en la Región de Coquimbo sobre el informe relacionado a la compra del terreno para la construcción del nuevo Hospital de Coquimbo, “queremos señalar que, efectivamente, el ente contralor emitió un documento en el que representa la resolución que autoriza la compra de este terreno el día 21 de agosto”.

Ahora bien lo que indica claramente esta Contraloría Regional es que “no ha dado curso a la resolución del rubro que ratifica la autorización para la adquisición por trato directo del terreno contemplado en el proyecto denominado “Normalización Hospital San Pablo de Coquimbo”. Esto no fue autorizado porque –entre otras cosas- no hubo toma de razón de Contraloría y tampoco se el justifica el trato directo, pero igualmente se puso la firma para autorizar el acto público.

En este sentido, el Gobierno Regional de Coquimbo “está trabajando en subsanar dichas observaciones, a través del desarrollo de una resolución que autorice la adquisición del inmueble donde se emplazará el futuro recinto de salud, la que será reingresada a Contraloría lo más pronto posible”.

El comunicado de prensa señala que “este proceso se ha realizado de manera fundamentada, apegada totalmente a derecho y con toda la certeza jurídica que requiere este proceso. Además, no ha existido perjuicio alguno al patrimonio público, por el contrario, en todo momento se ha actuado con pleno resguardo de los recursos del Estado, siguiendo los procesos administrativos con total transparencia y objetividad”.

Radio Guayacan conversó con el abogado experto en temas administrativo, Gabriel Osorio quien indicó que un servicio público, en este caso el Gobierno Regional, que realiza un acto público sin toma de razón de Contraloría es una falta gravísima.

“Todo funcionario público sabe que cuando se disponen de recursos públicos para compras tan grandes como estas ($6.204 millones), saben que deben esperar la toma de razón que es el control de legalidad del acto administrativo en cuestión”, indica el abogado.

El mismo procedimiento quedó claro en la resolución de Contraloría: El Gobierno Regional de Coquimbo “ha prescindido del resultado del examen de juridicidad que debía efectuar este Organismo de Control, importó, además de una infracción al principio de irretroactividad de los actos administrativos, una falta de cuidado o diligencia en el resguardo de los recursos públicos, teniendo en cuenta que, únicamente después de cumplido el trámite de toma de razón —y solo en el evento que se hubiere cursado el acto respectivo—, podría el servicio haber recién efectuado el pago del precio”.

“Evidentemente estamos ante una falta donde se está afectando al patrimonio del Fisco de Chile, al no cumplir con los requisitos mínimos como por ejemplo el trámite de toma de razón del acto respectivo”, subrayó el abogado Gabriel Osorio.

Añadió Osorio “el acto realizado por el Gobierno Regional no es legal. El sumario que se va a llevar a cabo podría terminar en la destitución de funcionarios por la responsabilidad no sólo administrativa si no que también política”. A mí me parece muy extraño que el Gobierno, no obstante incluso haya realizado observaciones a las actuaciones previas a la celebración de la compra y venta, haya insistido y finalmente se hayan liberado los fondos sni tomar la razón”.

Finalmente este Organismo de Control  instruyó un procedimiento disciplinario, tendiente a determinar y hacer efectiva las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivar de las circunstancias descritas.

Marcela Salas Salazar